Empezó la Campaña "40 menos 1": Restate

En la imagen se puede observar cómo distinguidas damas de la oligarquía santafesina protestan (las muy desagradecidas) porque la ANSeS les sacó a sus hijos el subsidio anticlerical a la pobreza, mal llamado Asignación Universal por Hijo. El motivo: que los chicos van a colegios privados. Se calcula que serán 300.000 en todo el país los afectados (perdón, quise decir ajusticiados). Seguramente la educación pública estará en condiciones de absorberlos en breve.

Más no sea que por el 40+1, a ver si revemos la decisión.

Salideras

En estas últimas semanas, las salideras bancarias se han convertido en tema de interés general.

Modalidad delictiva (la salidera) que se nutre de la vulnerabilidad que ofrece un tipo o tipa que saca un montón de guita de un banco y la transporta manualmente hasta aplicarla a algún pago u operación.

A nadie, parece (el oficialismo también está incluido en este reclamo) se le ocurrió pensar en cuál puede ser el motivo por el que una persona elija convertirse en blanco fácil, teniendo la posibilidad de evitarlo haciendo sus operaciones a través del banco, sin sacar la guita de ahí.

Hay indicios para despejar la incógnita: primero, operación hecha a través del banco, es operación en blanco. No se puede negrear.
Otro, los bancos cobran por las operaciones de transferencia.

Resulta, entonces, que los legisladores se ponen a aplicar su tiempo y experticia en dilucidar de qué modo se le puede brindar protección a quienes subvalúan los boletos de compra-venta en operaciones inmobiliarias, hacen pagos irregulares (un escribano da fe de la valuación de un inmueble, no?), pagan sueldos u honorarios en negro, o compran cheques en mesas de dinero.

Sería más lógico, me parece, que en las cámaras legislativas se abstuvieran de legislar sobre una modalidad delictiva específica y se pusieran a ver otras cuestiones más acordes a su función (examinar modalidades delictivas y prevenirlas es tarea de las fuerzas de seguridad).

Hay dos elementos a mirar: el principal, es el excedente que se apropian los bancos mediante comisiones.
Otro (menor) es el impuesto al cheque. Ese impuesto (dicho sea de paso) que la oposición hasta hace poco pretendía coparticipar, porque era una demanda de la "sociedad" (expresada, como sabemos, a través de la tapa de Clarín). No es cosa de ser botón y acusar a todo el mundo de negrear. No es cuestión de generalizar tampoco, y señalar como evasor a todo el que paga en efectivo. Hasta toleramos que se justifique la evasión diciendo que los costos son altos, y por ahí nos sentiríamos a gusto discutiendo sobre topes a las comisiones bancarias.
Pero no.
El camino elegido es el de la demagogia. Aunque en menor escala, parecido al de las reformas "Blumberg". Con el agravante, repito, de que, en el afán de proteger a gente que lo necesita, se le brinde también protección especial a alguna gente que (por el motivo que fuera) está haciendo las cosas mal.

Paralelismos entre el aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades empresarias.

Cuando el primer peronismo sancionó con fuerza de ley el pago del aguinaldo, en realidad no inventó nada. Algunas empresas (pocas) ya lo pagaban (arbitrariamente, solamente si querían y a quién querían).
Perón hizo lo que debía hacerse: legalizar, para generalizar.

El aguinaldo no es una concesión de "su propiedad privada" que las empresas hacen a los trabajadores.

Por cuestiones contables, la liquidación de haberes mensuales se estipula, a los fines prácticos, computando cuatro semanas por mes (o dos por quincena). Total anual: 48 semanas. Sin embargo, el año calendario (ese invento peronista) tiene 52 semanas. O sea, el equivalente a un salario más. Ese decimotercer salario es el aguinaldo.

Abel Fernández publica hoy el proyecto de ley que provocó la ira del empresario Héctor Méndez. Recordamos: el mandamás de la UIA dijo que “Argentina no es Cuba”, y usó palabras como “apriete” y “avanzada”, que de acuerdo a su óptica decimonónica deben ser compatibles con términos "modernos" como “redistribución de la riqueza” o “justicia social”.


Ahora, esto, a lo que Méndez llama "cubano", a mí me remite a las circunstancias que rodearon la legislación sobre el hoy famoso aguinaldo.
Hay empresas que pagan arbitrariamente a alguna parte de su personal lo que se llaman bonus por cumplimiento de objetivos. Estos pagos, no son otra cosa que distribución de utilidades (figura constitucional, digamos de paso). Zaiat lo explica bien en Página de hoy.

Legalizar estos pagos no sería ningún "apriete" para que nadie conceda nada, sino simplemente la garantía de que nadie se pueda quedar con lo que no le corresponde, y lo distribuya.

Aparte, Méndez, no te calentés. Tampoco te vamos a cobrar el retroactivo a 1955.
De nada.

Inseguridad y contratos

En el noticiero del 13 hiceron un resumencito de lo que sostienen los proyectos sobre "seguridad" que hay en las cámaras legislativas.
En diputados hay uno que propone como medida saliente (según la producción de noticias del trece, repito) crear un sistema nacional que integre a las autoridades nacionales, provinciales y las "ONGs especializadas".

Qué pródigo en contratos y prebendas puede ser el Estado cuando de "solucionar los problemas de la gente" se trata.
Eso, ¿no es clientelismo? ¿Aumentará el consumo de falopa (buena) y la asistencia a puteríos cuando los abogados y ex-miembros de fuerzas de seguridad que componen dichas ONGs empiecen a cobrar esos subsidios? Le dejamos nuestra incógnita al senador Sanz.

El apasionamiento exagerado de Zaiat

En el Página de ayer, Alfredo Zaiat siguió con lo que a esta altura parece haberse convertido en una especie de "cruzada" contra lo que él llama argumentos "monetaristas". Se tomó en serio la cuestión, y defiende la decisión de Mercedes Marcó del Pont de flexibilizar el programa monetario que al frente del Central había ideado su antecesor Martín Redrado.

Más allá de que puede considerarse razonables algunas de las cosas que plantea, nos parece que sobre el final exagera innecesariamente el dramatismo (aunque no le alcanza para ser la contracara perfecta de Redrado, que después de decir que se estaba vaciando al central por pagar con reservas, pegó un portazo, y revoleó dos o tres floreros, cosa de que se enteraran los vecinos del escandalete, al mejor estilo Silvia Suller).

Dice Zaiat, de las intenciones de quienes promueven un programa distinto al de Marcó:

Este consiste en abandonar la política de acumulación sostenida de reservas, disminuir por lo tanto la emisión para sostener la actual paridad cambiaria y, de ese modo, apreciar el tipo de cambio. Esto significa la disminución del precio del dólar y el comienzo del rápido camino al déficit de balanza comercial y de cuenta corriente, para concluir en una recesión y posterior devaluación.

Acá ya discutimos varias veces sobre la cuestión de la apreciación cambiaria (tampoco está exento el actual esquema: con inflación de 20 y pico por ciento anual, y devaluación de 10%, hay apreciación real). Y notamos varias consecuencias que no nos parecerían del todo provechosas para el largo plazo: primarización, valorización financiera, ingreso de capitales especulativos y de deuda para financiar importaciones que reemplacen producción local de bienes altamente tecnológicos, etc.

Lo que consideramos innecesario del "ciclo" que describe Zaiat es el final (con negritas, mías). Ni la recesión ni la devaluación son patrimonio de ese esquema ni de ningún otro. Los déficit de cuenta corriente bien pueden cubrirse con ingreso de capitales por cuenta financiera (como en Brasil). Una devaluación sólo sería necesaria ante el fracaso de tal esquema, o ante un shock que revirtiera el flujo de capitales (como una suba brusca de tasas de la FED).

Hay elementos suficientes como para contraponer virtudes y defectos de uno y otro esquema. Acá hemos tomado partido por el esquema de tipo de cambio levemente alto, cuidando el superávit de cuenta corriente, y priorizando el empleo y el nivel de actividad, por sobre las metas de inflación y la búsqueda del "investment grade". Pero no es necesario endilgarle a nadie el patrimonio de la "devaluación". Lógicamente, algunos habrá que querrán un shock para sacar partido, también lo dijimos, y tampoco correspondería subestimar el poder de daño de esos "algunos". Pero Zaiat fue un poco desleal en la argumentación, saltando varios detalles para llegar rápido, sin escalas, a la recesión y la devaluación.

Cambio de esquema, facciones del capital y márgenes de rentabilidad

Artemio López viene celebrando, de algún modo, la preeminencia de Binner y Alfonsín en el espacio opositor radical (ligeramente ampliado). Dice que estos personajes encarnan, en mayor o menor grado, una idea de política autónoma respecto de ciertos poderes fácticos corporativos, en contraposición a otros que son directamente marionetas de algunas corporaciones.
Uno de los puntos salientes del momento actual es la batería de reclamos que desde sectores concentrados del capital se hace escuchar, y que tiene que ver directamente con la recomposición de márgenes de rentabilidad.

En la lista de reclamos (pro rentabilidad) incluimos: eliminación de retenciones, plan anti-inflacionario (que permita hacer converger las tasas de interés nominales a la baja, con tasas de interés reales positivas), fin de las actuales restricciones al ingreso de capitales especulativos, devaluación, baja del salario mínimo real (Funes de Rioja dijo que no estaba atrasado sino adelantado).
Algunas son compatibles entre sí. Otras no.

En esta entrada, Lucas Carrasco imagina prioridades de un hipotético futuro gobierno de los que hoy son oposición. Cuáles serían las cosas que propondrían “corregir” del rumbo actual (para recomponer márgenes de rentabilidad). Particularmente no me convenció la idea de que se devaluara y se quitaran las retenciones al mismo tiempo. Me parece que son decisiones incompatibles. Al menos si lo que se busca es mantener cierto tránsito ordenado. La palabra orden es clave. Lucas, en los comentarios, recurre a la hipótesis de un “shock”.

Más allá de las cuestiones puntuales que se reclaman (que mencionamos más arriba) nos encontramos ante la hipótesis de que “recomponer márgenes” pone en contradicción los intereses de distintas facciones del capital.
Concretamente, el modelo alternativo que puede plantear “la oposición” no es uno solo. Porque la recomposición de márgenes de rentabilidad que promulgan unos, no es compatible con la que plantean otros.
Y esto remite otra vez a la idea: eliminar retenciones no es compatible con devaluar.
Siempre y cuando (reiteramos) lo que se busque sea un cambio de esquema armónico, sin “shock”.

Recordar la historia puede servirnos para alumbrar. Tanto la hiperinflación del 89-90 como la crisis 2001, significaron momentos de fuerte recomposición de márgenes de rentabilidad para los dueños del capital más concentrado. No sería nada extraño que evaluaran la posibilidad de recrear condiciones similares. Necesitan el chivo expiatorio político.

Por otro lado, hay analistas que le dan centralidad a la existencia de iniciativas parlamentarias que operan sobre el fondo de estas incompatibilidades. De algún modo, la oposición proyecta leyes que de sancionarse podrían significar factores de insustentabilidad e inviabilidad para el modelo vigente. Básicamente, recortando al Ejecutivo (actual y futuro gobierno, en un eventual cambio de mandato en 2011) recursos a administrar. Y autonomía política para conseguirlos.
Hay que decir que algunos dirigentes opositores se han mostrado más cautelosos que otros al decidir darles impulso a estos proyectos. Ahí está la clave.

Binner y Alfonsín, (estos políticos autónomos de los intereses corporativos al decir de Artemio) deberán prestar especial atención a este trasfondo.
Porque promoverse como autónomos respecto de los intereses corporativos no alcanza. Básicamente, porque no los exime de convertirse (ya siendo gobierno, tal es su intención) en la herramienta que propicie el shock recomponedor de rentabilidades. Y las decisiones que tomen hoy pueden ser decisivas para signar ese destino.

Presupuesto y conspiración

Alcadio Oña se ocupa hoy del tema del Presupuesto 2011.

En principio, me parece que Alcadio tiene problemas para calcular costos. Me refiero a los costos políticos. No alcanza a entenderse por qué debería hacerse cargo del mismo el Ejecutivo, en el caso de que sea el Congreso el que no apruebe un presupuesto para el año que viene.

La idea es bastante previsible: tomar como referencia el presupuesto del año en curso, y ampliar mediante DNU las partidas con los probables excedentes de recaudación.
La Corte Suprema, calculo, no encontraría fácilmente argumentos para dictaminar que no está justificada la existencia de necesidad y urgencia.
Si el Congreso no cumple con su función, al Ejecutivo no le quedaría otra que recurrir a los DNU. El Estado, sin ley de presupuesto, no puede funcionar.
Los que se nieguen, entonces, a aprobar una ley de presupuesto tendrán que hacerse cargo del costo político que esto entraña.

Por lo demás, cualquier modificación (en agenda) de los distintos instrumentos políticos que se usarían en este caso, pondrán a la oposición en el trance de tener que ejercer una visión de un plazo un poquito más largo (tanto quejarse del “cortoplacismo”, y resulta que no ven más allá de octubre del 2011). Por ejemplo, si se dispone que los DNU tengan que ser ratificados por ambas cámaras (y no sólo por una, como es ahora), y que a los 60 días, de no ser ratificados, caducarán, supongo que estarán dispuestos a administrar esas “restricciones” al poder de decisión del Ejecutivo, en caso de que les toque quedar al frente del mismo. ¿Se resignarán a hacer pasar por trámite legislativo cualquier asignación de partidas presupuestarias que afecte excedentes de recaudación, si son gobierno? ¿son compatibles los tiempos legislativos con la asignación eficaz de recursos?.

En este punto, valdría consultarlo con los opositores con responsabilidades de gestión ejecutiva en provincias y municipios. ¿Estarán dispuestos a ceder los “superpoderes” que todas las administraciones usufructúan?

Sería una buena decisión: ligar, en el debate, los argumentos para la caducidad de los “superpoderes” nacionales, con los casos provinciales y municipales.

Legislar para la coyuntura es una forma de ser ineficaz. Las resoluciones ejecutivas, en todo caso, son herramientas más aptas para resolver cuestiones coyunturales que los trámites legislativos (rosqueros, negociables; lo estamos comprobando, y no se privan de denunciarlo con gesto de indignación los mismos que postulaban a este régimen como la panacea de la república hasta hace poco).

Me parece que se está subvaluando el conflicto interno de la oposición en este punto. No todos van a querer bartolear las posibilidades de hacer un gobierno digno en el período 2011-2015. Algunos saben que tienen chances de gobernar, y la oportunidad histórica de recuperar el prestigio dilapidado.
Pero hay algunos otros, ojo, que sí apuestan a ello. A no confundir. No quieren que caiga Cristina. Prefieren que le entregue el poder a un Gobierno débil de origen. Algunos opositores (los más “moderados”) tendrán que cuidarse de las conspiraciones que se traman en el propio patio de su casa.

Como dice el gran vende humo y autobombisto, ampliaremos.