En diciembre del año 2002, la Secretaría de Ciencia y técnica, que dependía en aquel momento del Ministerio de Educación de la Nación, decidió crear la Biblioteca Electrónica.
El proyecto se dio a través de un acuerdo bilateral con Brasil, en el marco del “Programa de modernización tecnológica II”, financiado con fondos del BID.
Básicamente, el proyecto consiste en: la SECYT contrata una serie de bases de datos con texto completo de artículos de publicaciones periódicas científicas, y brinda acceso a ellas a las universidades nacionales.
En 2004 la financiación del BID finalizó, y la SECyT continuó bancando el proyecto con fondos propios. Para ese entonces, ya se había incorporado el CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), como beneficiario. Es decir, las universidades privadas también tendrían acceso al menos a una parte de los recursos contratados por la secretaría, y con una serie de limitaciones pertinentes para la maximización de los beneficios. La limitación principal es la cantidad de accesos simultáneos por Universidad. De un inicial de un acceso, hoy son cuatro los posibles.
En 2007, con la decisión de convertir a la SECyT en Ministerio, el proyecto dejó de pertenecer a la órbita de Educación. Hoy depende del MINCyT, Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, a cargo de Alejandro Cecatto, Subsecretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Mario Lattuada.
El presupuesto, del año 2009, del proyecto fue de $ 41.500.000. Con eso se contrató 16 productos, de los cuales 8 fueron extendidos también a las universidades privadas.
Las universidades privadas, hoy por hoy, no hacen ningún aporte directo a la financiación del proyecto, que funciona básicamente como un subsidio del orden de los $ 10.000.000. La contraprestación que originalmente las universidades privadas brindarían por este servicio que reciben gratis, son sus proyectos de investigación. Sin embargo, no hay ninguna evaluación cuantitativa ni cualitativa por parte del MINCyT que permita estimar cuál es el aporte patriótico que estas universidades estarían haciendo por esa vía.
Esto no quita que en algunos ámbitos suela escucharse algunas quejas respecto del proyecto: el Ministerio no negocia bien con los proveedores, los productos que se les otorga a las universidades privadas son de menor calidad y cuantitativamente pocos respecto a los que reciben las universidades nacionales, cuatro accesos simultáneos no alcanzan.
Las autoridades del CRUP y los representantes en el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica maniobran, sin embargo, muy bien para que estas quejas no trasciendan demasiado los ámbitos en que se efectúan y el proyecto no se aborte como consecuencia.
El proyecto se dio a través de un acuerdo bilateral con Brasil, en el marco del “Programa de modernización tecnológica II”, financiado con fondos del BID.
Básicamente, el proyecto consiste en: la SECYT contrata una serie de bases de datos con texto completo de artículos de publicaciones periódicas científicas, y brinda acceso a ellas a las universidades nacionales.
En 2004 la financiación del BID finalizó, y la SECyT continuó bancando el proyecto con fondos propios. Para ese entonces, ya se había incorporado el CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), como beneficiario. Es decir, las universidades privadas también tendrían acceso al menos a una parte de los recursos contratados por la secretaría, y con una serie de limitaciones pertinentes para la maximización de los beneficios. La limitación principal es la cantidad de accesos simultáneos por Universidad. De un inicial de un acceso, hoy son cuatro los posibles.
En 2007, con la decisión de convertir a la SECyT en Ministerio, el proyecto dejó de pertenecer a la órbita de Educación. Hoy depende del MINCyT, Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, a cargo de Alejandro Cecatto, Subsecretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Mario Lattuada.
El presupuesto, del año 2009, del proyecto fue de $ 41.500.000. Con eso se contrató 16 productos, de los cuales 8 fueron extendidos también a las universidades privadas.
Las universidades privadas, hoy por hoy, no hacen ningún aporte directo a la financiación del proyecto, que funciona básicamente como un subsidio del orden de los $ 10.000.000. La contraprestación que originalmente las universidades privadas brindarían por este servicio que reciben gratis, son sus proyectos de investigación. Sin embargo, no hay ninguna evaluación cuantitativa ni cualitativa por parte del MINCyT que permita estimar cuál es el aporte patriótico que estas universidades estarían haciendo por esa vía.
Esto no quita que en algunos ámbitos suela escucharse algunas quejas respecto del proyecto: el Ministerio no negocia bien con los proveedores, los productos que se les otorga a las universidades privadas son de menor calidad y cuantitativamente pocos respecto a los que reciben las universidades nacionales, cuatro accesos simultáneos no alcanzan.
Las autoridades del CRUP y los representantes en el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica maniobran, sin embargo, muy bien para que estas quejas no trasciendan demasiado los ámbitos en que se efectúan y el proyecto no se aborte como consecuencia.
Este año, con el cambio de Ministro de Economía, se produjo un hecho que alentó el debate en el seno del CRUP. Economía retuvo una partida del MINCyT, que hizo que éste no pudiera afrontar un pago a uno de los proveedores. Se cortó uno de los servicios del proyecto. Finalmente, Boudou liberó la partida, el pago se efectuó y el servicio se normalizó.
Pero en el CRUP quedó la idea flotando de “qué pasa si vienen un día y te dicen que no hay presupuesto?”. Por supuesto, nadie quiere poner un mango para que la porquería ésta se sostenga, aunque nadie quiere tampoco que deje de existir, y aún se reclama que mejore.
Pero en el CRUP quedó la idea flotando de “qué pasa si vienen un día y te dicen que no hay presupuesto?”. Por supuesto, nadie quiere poner un mango para que la porquería ésta se sostenga, aunque nadie quiere tampoco que deje de existir, y aún se reclama que mejore.
Mi humilde sugerencia a los muchachos del CRUP es que piensen que todo lo que no hagan hoy para fortalecer el servicio lo van a pagar con recargo ante un cambio de autoridades. No va a ser fácil encontrar gestiones con tanta generosidad a la hora de otorgar subsidios. Y la realidad es que uno tiende a naturalizar las concesiones ajenas, y hasta a creer ingenuamente que nunca cesarán.
2 comentarios:
che, tan caro sale algo para que entren 4 personas a la vez? Soy estudiante de sistemas y en la empresucha que laburo hacemos cosas de esas en las que entra mas gente por dos mangos.
Esos productos son carísimos, en tanto tienen "sellos" de calidad. Ovid, Elsevier, por caso, son muy valorados en el mundo científico (las ciencias médicas). Otros son Wilsonweb (artes y humanidades), Springer, IEEE (que es de ingeniería electrónica específicamente).
Son 16 productos en total (otros son EBSCO -que es más barato-, Jstor -que es retrospectivo, es decir, digitalizan publicaciones que no se publicaron originalmente en forma digital-). Son 4 accesos por cada universidad (es decir, 4 usuarios con contraseña). Supongo que algunos le buscarán la forma inclusive para que les rinda más (entenderás a qué me refiero). Las privadas, parte del CRUP, son unas 60. Y creo que las nacionales no tienen límite de accesos, aunque no te lo puedo confirmar.
Más allá de eso, cada universidad privada sabe que negociar individualmente un paquete con los proveedores de estos productos, que incluso se ajuste más a sus necesidades (incluyendo algunos productos y otros no, y armando con cada proveedor un paquete a medida, con texto completo de los títulos más interesantes), les saldría carísimo.
Los rectores son concientes, creo, de que les conviene más negociar un aporte con el MINCyT ante una eventual falta de presupuesto, que ofrecerle presupuesto propio a su biblioteca para que se arme un paquete de productos de manera individual.
Me consta que la dirección actual del CRUP reconoce claramente costos y beneficios de la situación actual, y maniobra en consecuencia.
Saludos
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