Olalá, Estado!

Postulan su accionar como “una misión al servicio de la eficiencia económica”.

Sus objetivos centrales son “actuar en favor del respeto de la competencia”, de la “protección económica de los consumidores” y de la “seguridad y conformidad a normas de productos y servicios”.

Tiene potestad de control y poder de policía sobre todos los campos del consumo (alimentos, bienes, servicios, etc) y todos los campos de la producción (desde extracción primaria hasta comercio electrónico retail por internet).

En el año 2012 constataron 142.000 incumplimientos al Código de Comercio, al Código de Consumo o al Código de Licitaciones Estatales, de los cuales 15.700 les llegaron por simple denuncia verbal de consumidores; en 11.400 oportunidades aplicaron poder de policía administrativa, de entre las cuales produjeron 353 incautaciones y 231 clausuras.

En el año 2013 controlaron 137.000 establecimientos y solicitaron 268.000 tomas de muestras de productos o sistemas contables para su evaluación.

Logran esto con un pequeño ejército que a fines de 2013 sumó 3.114 funcionarios, mayoritariamente técnicos y especialistas con alta calificación, equipados con herramientas tecnológicas aptas para desarrollar su trabajo (si añadimos que en el país del que hablamos las cosas no han andado bien últimamente, también se podrá entender por qué hace 6 años la cantidad de funcionarios superaba los 4 mil). Para tener magnitudes de referencia, la más grande siderúrgica argentina, Siderar, tiene unos 8 mil empleados directos.

Y si alguien pudiera confundir esta organización con una agencia estadística al estilo del INDEC, se equivoca: además de velar y regular que la información en los productos comerciales sea clara y veraz para los consumidores, además de monitorear el etiquetado de productos, de regular que los sellos de calidad y origen mostrados se cumplan y sean genuinos, además de evaluar aspectos asociados a la seguridad, de controlar parámetros metrológicos (que los envases de un litro tengan un litro, que los kilos de harina tengan un kilo y que los fósforos sean 222), además de todo eso, también tiene control absoluto y poder de policía sobre los precios y LOS MÁRGENES de utilidad de las empresas.

No trabajan solos, tienen decenas de convenios cruzados con todo el resto de la burocracia estatal.

Además cuentan con un Servicio Nacional de Laboratorios (que comparte con la Aduana), un Centro de Vigilancia del Comercio Electrónico, una “Escuela de Comercio, Consumo y Represión de Fraudes”, un Servicio de Informática Centralizado y varias redes sectoriales de cooperación y control (frutas y hortalizas, juguetes, productos de mar, fertilizantes, derivados de petróleo y químicos, etc.)

No. No estamos hablando de la Corea del Norte gobernada por Kim Yong Il.

Ni estamos recordando la ya difusa estructura soviética.

Estamos hablando del Régimen Marxista-Leninista que actualmente impera en Francia.

Estamos hablando de la DGCCRF, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes francesa, dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas.

En un país como el nuestro, esa Dirección General preguntaría con mucha inquietud y asombro por qué un significativo y poderoso proveedor de alimentos para el consumo masivo de los argentinos como Molinos, por ejemplo, obtuvo un margen sobre ventas del 9% en 2004 (pág. 29), del 25% en el 2007 (pág. 85) y del 35% en el 2012 (-pág. 127- tomando operaciones sobre marcas en el mercado argentino, donde viven y se alimentan sus compatriotas).

En un régimen como ese, hacer preguntas como estas es un derecho del Estado y responderlas un deber de las firmas.

En ese régimen, Guillermo Moreno sería another brick in the wall.

En ese régimen, el héroe destituyente de la hora, JuanJo Aranguren, sería lo que es, un patético dibujo animado.