Resumen mínimo: En 1995 se aprobó la Ley de Educación Superior (LES). Una de las novedades que la LES aportó es que las universidades públicas pueden autofinanciarse, independientemente del presupuesto oficial que les toque.
Sin entrar en detalles, en aquel entonces se estableció un debate (que hoy recrudece) en torno a la autonomía universitaria.
Decían los militantes de entonces (no sólo los troskistas, en aquel momento los centros de UBA estaban casi todos en poder de Franja Morada; en las demás universidades nacionales, con otras proporciones, se replicaba la situación: Franja manejaba la FUA con amplia mayoría, y encima tenía aliados fuertes como el MNR en Rosario): con la LES se viola la autonomía. Si empresas privadas van a tener el poder de decisión que otorga la aplicación de fondos en el desarrollo de la investigación, entonces en Argentina se terminará investigando sólo en aquellos temas que las empresas financiadoras lo consideren necesario, razonaban y razonan.
Un planteo (con todo respeto) un poco ingenuo.
Simplemente, porque eso es lo que pasa por defecto. Sea o no el estado el que ponga la plata en última instancia, las decisiones sobre investigación siempre se toman con criterio instrumental. Lo que genera discrepancias, son las distintas posiciones políticas, que no son otra cosa que representación de distintos intereses.
Ahora, traducir esto a posturas anti-económicas, anti-capitalistas ingenuas, del tipo de las que descalifican cualquier acción en tanto se toman en pos de la consecución de un beneficio económico, podrá serle útil al PO para captar militantes (pocos) en la facultad de filosofía y letras de la UBA, pero no tiene ninguna fecundidad más allá de eso. La solución a que se investiga lo que "no nos gusta" no debe ser que no se investigue más.
En definitiva, de lo que se trata es de que el Estado (y la política!!!) conserve el poder necesario como para que en su ámbito se defina qué dirección, a través de qué actividades, y en función de qué intereses se busque el desarrollo.
Digamos, en ese caso, será el Estado el que decida (antes) de qué rubro serán las empresas que estén en condiciones de "violar" la autonomía universitaria.
Recomiendo la entrada de Desparejo.
2 comentarios:
Bien, Mariano, lo dijiste mejor y más corto. Gracias por el link. Es que el punto es ese. Si durante los 90 el proyecto era neoliberal, era muy consecuente que tuviera algo como la LES y con esos parámetros librados al juego del mercado. Si ahora el proyecto es productivo con inclusión social, entonces hay que cambiar la LES porque no sirve así. Se necesita más presencia política que conecte el modelo productivo con la universidad. Abrazo
Yo le daría a las universidades el tipo de autonomía que el compañero León Bronstein propugnaba para las universidades de la URSS.
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