...y la patria se los demande

Algunas ideas que vienen dandole vueltas en los últimos días al carrito cartonero:

• Llevada al extremo, la impunidad por crímenes de lesa humanidad termina en esto

• Llevada al extremo, la NOBLE propuesta de consulta popular de Duhalde de estos últimos días podría convertirse en

“Está usted de acuerdo en juzgar no sólo a los responsables materiales sino también a los INTELECTUALES, de delitos graves cometidos contra la Nación Argentina, sean estos de afectación de derechos humanos básicos de sus habitantes como también el accionar delictivo de carácter económico y social cometido a través de decisiones de política económica que hayan lesionado seriamente la evolución de variables económicas (reservas, endeudamiento, fuga de capitales, etc.) y sociales (nivel de ingresos, desocupación, salud, educación, equidad) de nuestro país?”

Si - No

Eso sí, antes de proponer esta consulta, Tachuela probablemente debería exiliarse en Montevideo y, ya que está, avisarle a algunos viejos amigos, no?

• Llevada al extremo, nuestra satisfacción empieza a crecer cuando vemos como ha empezado una segunda fase, tímida todavía, en la búsqueda de justicia respecto del accionar delictivo que se inició (pero no terminó) con la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La búsqueda de justicia y castigo para los autores intelectuales del proceso de miseria planificada que de manera sorprendente anticipaba Walsh en su carta deberán realizarse más temprano que tarde, de ser posible en un proceso público y masivo que incluya a los representantes de sectores cívicos que propiciaron y alentaron el conjunto de medidas económicas y sociales que destruyeron el proceso de industrialización que comenzaba a afianzarse en el país a mediados de los 70. Al estilo de una Causa Olmos, ese proyecto mejoraría esa loca ideíta de la paleoizquierda de verificar hoy(??) la legitimidad de la deuda externa, al tiempo que pondría blanco sobre negro quiénes fueron los principales sectores beneficiados de la destrucción del entramado económico y social que se estaba construyendo en nuestro país. Como dijo Estela, descubriríamos que muchos de esos son los que hoy apoyan, de manera más o menos solapada, a Tachuela.

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Superpoderes

Ahora, que es tiempo de "diálogo y consenso" (siempre y cuando las fuerzas republicanas acepten las condiciones que ellos mismos impusieron), uno de los temas que no puede evadirse bajo ningún punto de vista, es el de los "superpoderes".

Traducimos: la facultad que tiene el poder ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias, excedentes de lo presupuestado por ley, sin necesitar aprobación del poder legislativo.

Entonces, para discutir estas facultades "extraordinarias" (?) se convoca al diálogo.

Es primordial armar una mesa. Redonda, cuadrada, ovalada; como sea (como mejor le convenga a la República).

Y a esa mesa se los convoca a todos: Aníbal Fernández, representando al oficialismo nacional; Cobos (el vice, que curiosamente no representa al oficialismo nacional), en nombre de los intendentes radicales de todo el país, y de gobernadores como Brizuela del Moral y Colombi (el gobernador, que no puede mandar a su hermano "opositor", porque en Corrientes la "interna general" la hace el radicalismo); Macri; Fabiana Ríos, o alguien del ARI que quiera representarla; Sabatella; Rodríguez Saá; Schiaretti; Sapag; Binner; todos los que tengan responsabilidad de gobernar hasta en el municipio más chico de la Argentina; absolutamente todos.

Es decir, también Luis Juez, candidato testimonial a senador en el 2009, de quien todos conocemos la verdadera aspiración: ser gobernador de la provincia de Córdoba en 2011. También De Narváez, candidato testimonial a diputado en 2009, cuya verdadera aspiración es gobernar la provincia más importante en superficie y población de la Argentina, a más tardar en 2011.

En esa mesa altamente representativa, hay que plantear la cuestión de la manera más contundente. La Argentina necesita reglas claras. Es necesario definir un criterio único, con carácter de inviolabilidad, inmodificable ante cualquier circunstancia. Un criterio unívoco que valga como referencia para todos los estamentos estatales: nacional, provincial y municipal.

La derogación de los "superpoderes" (si es que se piensa derogarlos), tiene que valer para todos los niveles estatales.

Apuesto a que el resultado del diálogo es el consenso absoluto: queda todo casi, casi como está.

Eso sí, un cambio sustancial, a tono con el reclamo republicano: "cambiemos ese nombre de superpoderes que queda feo".