Presupuesto y conspiración

Alcadio Oña se ocupa hoy del tema del Presupuesto 2011.

En principio, me parece que Alcadio tiene problemas para calcular costos. Me refiero a los costos políticos. No alcanza a entenderse por qué debería hacerse cargo del mismo el Ejecutivo, en el caso de que sea el Congreso el que no apruebe un presupuesto para el año que viene.

La idea es bastante previsible: tomar como referencia el presupuesto del año en curso, y ampliar mediante DNU las partidas con los probables excedentes de recaudación.
La Corte Suprema, calculo, no encontraría fácilmente argumentos para dictaminar que no está justificada la existencia de necesidad y urgencia.
Si el Congreso no cumple con su función, al Ejecutivo no le quedaría otra que recurrir a los DNU. El Estado, sin ley de presupuesto, no puede funcionar.
Los que se nieguen, entonces, a aprobar una ley de presupuesto tendrán que hacerse cargo del costo político que esto entraña.

Por lo demás, cualquier modificación (en agenda) de los distintos instrumentos políticos que se usarían en este caso, pondrán a la oposición en el trance de tener que ejercer una visión de un plazo un poquito más largo (tanto quejarse del “cortoplacismo”, y resulta que no ven más allá de octubre del 2011). Por ejemplo, si se dispone que los DNU tengan que ser ratificados por ambas cámaras (y no sólo por una, como es ahora), y que a los 60 días, de no ser ratificados, caducarán, supongo que estarán dispuestos a administrar esas “restricciones” al poder de decisión del Ejecutivo, en caso de que les toque quedar al frente del mismo. ¿Se resignarán a hacer pasar por trámite legislativo cualquier asignación de partidas presupuestarias que afecte excedentes de recaudación, si son gobierno? ¿son compatibles los tiempos legislativos con la asignación eficaz de recursos?.

En este punto, valdría consultarlo con los opositores con responsabilidades de gestión ejecutiva en provincias y municipios. ¿Estarán dispuestos a ceder los “superpoderes” que todas las administraciones usufructúan?

Sería una buena decisión: ligar, en el debate, los argumentos para la caducidad de los “superpoderes” nacionales, con los casos provinciales y municipales.

Legislar para la coyuntura es una forma de ser ineficaz. Las resoluciones ejecutivas, en todo caso, son herramientas más aptas para resolver cuestiones coyunturales que los trámites legislativos (rosqueros, negociables; lo estamos comprobando, y no se privan de denunciarlo con gesto de indignación los mismos que postulaban a este régimen como la panacea de la república hasta hace poco).

Me parece que se está subvaluando el conflicto interno de la oposición en este punto. No todos van a querer bartolear las posibilidades de hacer un gobierno digno en el período 2011-2015. Algunos saben que tienen chances de gobernar, y la oportunidad histórica de recuperar el prestigio dilapidado.
Pero hay algunos otros, ojo, que sí apuestan a ello. A no confundir. No quieren que caiga Cristina. Prefieren que le entregue el poder a un Gobierno débil de origen. Algunos opositores (los más “moderados”) tendrán que cuidarse de las conspiraciones que se traman en el propio patio de su casa.

Como dice el gran vende humo y autobombisto, ampliaremos.