El resultado de las elecciones del 28 de junio ha llevado a muchos a considerar que ese día marcó “el fin de un ciclo” (como son muchos no los citaré puntualmente).
Como es habitual, esto puede llevar a interminables discusiones sobre qué es un ciclo. Eludamos esas discusiones y vayamos a lo sustancial.
¿Cuándo y cómo comenzó el “ciclo”? ¿Ha terminado realmente el 28 de junio? Pido humildemente un poco de paciencia para llegar a ese punto, porque creo que requiere una pequeña explicación previa.
La historia de un país admite (e incluso exige) ser dividida en fragmentos temporales, que presentan rasgos que los diferencian nítidamente de los anteriores y de los posteriores.
No corresponde aquí remontarnos al establecimiento del Virreinato del Río de la Plata y, seguramente, tal pretensión sería superior a mis capacidades. Voy a limitarme a las últimas décadas.
En 1976 se estableció la dictadura militar más sangrienta de una historia nacional que no se caracterizó precisamente por la dulzura de los procedimientos. Pero este carácter sangriento no se agotaba en sí mismo; respondía a dos conclusiones que habían sacado las clases dominantes a partir de la experiencia de la dictadura militar anterior y del gobierno de Isabel Perón:
- que su sed insaciable de ganancias requería una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales forjadas desde la crisis del ’30 y profundizadas durante las dos primeras presidencias de Perón;
- que este “reformateo” del país exigía el aplastamiento de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales, e incluso de un recorte de posibilidades de acción de la propia burocracia.
El plan económico de Martínez de Hoz no fue un accidente de la dictadura, sino su propia sustancia. Lo accidental, en realidad, fue que el aparato militar, en tanto que era partícipe y beneficiario del aparato estatal, vacilara en llevar el programa hasta sus últimas consecuencias.
Como ocurrió con el pinochetismo, el plan de la dictadura fue una avanzada de la ofensiva neoliberal que se desató mundialmente a partir de 1979. Se afianzaron la valorización financiera, el predominio de las finanzas sobre la producción y el sometimiento del país a las nuevas modalidades globalizantes de la economía mundial.
Se cerró así el período de industrialización y relativa autonomía económica que los regímenes gorilas de 1955-76 no habían podido (y, en cierta medida, no habían querido) clausurar. Sus estructuras fueron desmanteladas. Y se abrió un nuevo período que, por comodidad más que por precisión, llamamos neoliberal.
La caída de la dictadura no puso fin al experimento. El intento alfonsinista de escapar a la cruel lógica de la valorización financiera fue vacilante y breve. Sin embargo, durante los ‘80 la modificación de las estructuras económicas y sociales tampoco logró grandes avances. A esto contribuyeron tres factores: la globalización neoliberal se concentró en los países centrales y reservó a los periféricos (entre ellos, el nuestro) el papel de tomadores y pagadores de deuda –la
“década perdida” de América Latina–; el alfonsinismo mostró la proverbial ineficacia de las administraciones radicales; y hubo una tenaz resistencia de la clase trabajadora, acentuada por el hecho de que el peronismo, en la oposición, no ahorró esfuerzos para quebrantar a un gobierno que no era el suyo.
Estos dos últimos factores se debilitaron enormemente al asumir Menem la presidencia en 1989, a lo que se sumó una ofensiva redoblada de los capitales imperialistas por penetrar y dominar a las economías periféricas. El experimento neoliberal, que nunca se había detenido por completo, retomó velocidad plena en los ’90.
Pero ese experimento tenía una contradicción interna insoluble: para países con economías débiles, bajar sus pocas defensas era jugar a la ruleta rusa. La Argentina (al contrario que Brasil, que siempre encaró el experimento neoliberal con cautelosas reservas) quedó inerme frente a las renovadas epidemias de las crisis financieras mundiales. Así se llegó a la recesión más larga y profunda de la historia económica nacional (1998-2002) y a un colapso económico y social en diciembre de 2001.
Las clases dominantes habían coqueteado con el precipicio, pero no se lanzaron a él. Aceptaron, de mala gana pero con decisión, que se imponía un cambio de rumbo.
Adolfo el Breve declaró el default y Duhalde puso fin a la convertibilidad, que ya no era más que una farsa costosa. A tientas, sin un plan acabado, se fueron desmontando los instrumentos de política económica neoliberales y se fueron adoptando otros, que apuntaban a restaurar el tejido industrial dañado, a contener la insurgencia social mediante mejoras modestas pero perceptibles y a recuperar márgenes de autonomía nacional. La llegada de Lavagna al Ministerio de Economía puso orden en esos intentos descosidos.
El kirchnerismo fue, desde el 25 de mayo de 2003, la continuidad y profundización de este curso. Con la ayuda de una situación económica mundial favorable, logró mejoras indiscutibles en el crecimiento económico y en la situación social. A estos aspectos estrictamente económicos añadió otros de carácter político: durante los primeros tres años avanzó en ampliar los márgenes de autonomía nacional (que pueden simbolizarse en la supresión de la tutela del FMI, pero no sólo en eso), la integración latinoamericana (que, a su vez, puede simbolizarse en el fracaso del ALCA, operado junto con Venezuela y Brasil, pero no sólo eso) y destruyó la leyenda alfonsinista-menemista de los dos demonios, activando los juicios contra los esbirros de la dictadura.
Si hay un ciclo, entonces, éste no comenzó con la presidencia de Néstor Kirchner. Y es dudoso que termine con el fin de la presidencia de Cristina Fernández. Por lo pronto, ese ciclo no ha terminado el 17 de julio de 2008, cuando los empresarios agrarios impusieron la derogación de la resolución 125, ni en la continuidad electoral de esa derrota, en los comicios del 28 de junio de 2009.
El período abierto en las convulsas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 sigue abierto.
No se puede minimizar el debilitamiento que han significado el 17 de julio y el 28 de junio. Se ha desatado una vigorosa ofensiva reaccionaria. No hay más que oír a
Llambías reivindicando el odiado apellido Martínez de Hoz, a monseñor
Aguer denunciando la educación sexual como “neomarxista” o a
Biolcatti rememorando la publicidad videlista de la “vaca mansa”. Hasta alguna
momia olvidada hace tiempo se asoma sobre el borde de su sarcófago para rescatar la teoría de los dos demonios y propugnar el perdón a los represores que cuenten algún detalle ya inútil.
Esta ofensiva muestra, sin embargo, una incoherencia en el plano político que desespera a los ideólogos de la reacción, en especial, a los que cada día pregonan desde los medios la necesidad de una oposición unida que dé el último empujón.
La reacción está unida, por cierto, en su odio al “populismo” y el “nacionalismo”. No hay fisuras en el rechazo a los Kirchner, al “poder sindical”, al “desorden piquetero”, a los repudiados lazos con Chávez, Morales y Correa. No hay fisuras en la simpatía hacia el golpe en Honduras. Pero esa unidad no se muestra a la hora de establecer un programa económico claro.
Para malestar de los ideólogos de la reacción, el derrumbe local del neoliberalismo y su desprestigio como causa inmediata de la crisis mundial hacen inviable en estos momentos un retorno a los días de Videla-Martínez de Hoz y de Menem-Cavallo.
Todo lo que las corporaciones patronales (Mesa de Enlace, AEA) y las oposiciones políticas pueden formular son emparches, pero no un plan alternativo. Esos emparches pueden causar mucho daño, económico y sobre todo social. Pero no pueden abrir un nuevo período.
Para la independencia nacional y para los intereses de las clases subordinadas, este es un momento negativo. Pero no es necesariamente el fin. Vale recordar que nada se hace sin atravesar “
la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo”. Nada se hace sin “
afrontar la desolación y mantenerse en ella”.
No es hora de lamentaciones ni de depresiones. Es el momento de sacar conclusiones de los errores cometidos; de horadar las contradicciones de la reacción; utilizar sus divisiones; y organizar y movilizar todas las fuerzas sociales que sea posible para la defensa de la independencia económica, los intereses de las clases subordinadas, la integración latinoamericana y los derechos humanos.

Sería un error fijar como único horizonte las hoy lejanas elecciones de 2011. Limitarse a ese horizonte, a hacer pronósticos electorales y a barajar candidaturas es el camino más directo a otra derrota, seguramente peor. La hora exige acumular fuerzas, reforzar, extender y multiplicar las organizaciones por abajo, sostener las posiciones que hoy se tienen y actuar con prudencia y audacia para obtener otras.
Foto: panorámica del acto de la CGT el 30 de abril de 2009.