Combatiendo el eufemismo

Escuchamos hablar de recuperar las señales que da el mercado, de márgenes de rentabilidad, de intervenciones que distorsionan la actividad y desincentivan la producción.



Y siempre, aunque la corrección política obligue a la discreción, sabemos que se está hablando de precios.

El tema de la lechería exige que se ponga en claro el asunto. Para que el tambero mejore su rentabilidad tiene que cobrar un precio mejor. A contramano del proceso secular, y en detrimento de la rentabilidad de las usinas, o de los canales de distribución, o de las terminales comerciales minoristas (por no decir supermercados), o (sí señores) del consumidor. Alguien tiene que pagar ese precio mejor para el tambero.



El tema de la ganadería requiere un ejercicio similar. La mejora del precio al productor, o la paga el consignatario, o la paga el frigorífico, o la paga la carnicería, o la paga (otra vez) el consumidor.

El tema energético, otro caso testigo. Para incentivar la exploración (digamos, para obtener gas, o petroleo) hay que pagar un precio mejor al que extrae el producto en bruto. O lo paga la cadena de valor, o (a esta altura es una obviedad) lo paga el consumidor.



El consumidor tiene todos los boletos para que se cargue a su cuenta el aumento, sobre todo cuando la tarea de control de precios se vuelve difícilmente practicable, por las propias características del ámbito en que debería operar.

Se me dirá que la materia prima incide mínimamente en el precio final. Sin embargo, por lo que podríamos llamar puja distributiva, muchas veces el aumento de precio de la materia prima ejerce un efecto multiplicador sobre la variación del precio del terminado a medida que se avanza en la cadena, como reacción de corto plazo. La razón es que todos quieren mantener sus márgenes, o ampliarlos en la misma proporción que el resto de los eslabones.

Aunque también es cierto que el comportamiento de la demanda es el que convalida o no el precio final, y por lo tanto actúa como techo a los márgenes de los eslabones más cercanos al consumidor final. El problema está en que si el piso sube y el techo baja al mismo tiempo, se corre el riesgo de que la pérdida de rentabilidad de las actividades que agregan valor también termine ajustando la demanda, esta vez no en detrimento del consumidor, sino del trabajador (que en abstracto son dos figuras distintas, pero en la práctica son casi siempre lo mismo).


Ahora, más allá de que el mencionado fenómeno multiplicador se produzca o no, con el incremento del precio neto que recibe el productor de la materia prima nos enfrentamos a un cambio en la estructura de precios relativos que, en definitiva, confluye en el nivel del tipo de cambio real.

Entonces, temas como los subsidios a los tamberos, el reparto de la renta en la cadena de valor cárnica, los diferenciales de derechos de exportación, las tarifas de servicios públicos, entre las que se incluyen también los boletos de transporte público, son, junto con muchos otros, temas que afectan a los niveles de rentabilidad general, y de productividad de toda la economía.



No sería conveniente resolverlos por separado, sin ver las implicancias que tienen las modificaciones para todos los sectores.

El Consejo Económico y Social es una herramienta muy interesante en este sentido. El sector que no participe de él perderá una buena oportunidad de conciliar políticas con el resto de los sectores, y corre el riesgo, ciertamente, de quedar aislado en sus reclamos.