Sin agenda

Mientras esperamos que

• Los medios opositores encuentren al verdadero Cavanagh, el empresario que pagó coimas en sus agronegocios con Venezuela y no su homónimo,
• Los medios opositores convenzan a la opinión pública que las facturas por “comisiones por administración de negocios” por el 7% de las ventas son COIMAS,
• Se termine de convencer a la ciudadanía porteña que son mucho más importantes los inconvenientes en el tránsito en la 9 de Julio que los festejos por el bicentenario de su patria,
• El INADI dirigido por nuestro amigo Morgado tome acción directa y le ponga límites (en forma de multas pagaderas en $$$$$$, de esas que dejan heridas en los bolsillos) a los escandaletes mediáticos del prime time, deliberados o no, cuyo eje central no es otro que la DISCRIMINACIÓN,
• El Grupo A, también conocido como el Frente del Diálogo y el Consenso, nos explique a qué se refieren con esas dos palabras, las que más usan, si no es precisamente a esto,
• Algunos opositores perciban el papelón que protagonizarían si impugnaran a Kirchner como Secretario General de UNASUR

Tenemos un par de temitas que nos empiezan a hacer ruido.

Por un lado, el Secretario de Comercio Polémico debería salir a dar señales de acción respecto de una operación mediática que busca instalar clima de faltantes en las góndolas previo a un paso ulterior agravado: la escasez.

Por el otro hay que salir a explicar de manera clara y con data de la buena (si se la tiene) por qué se busca limitar ingreso de alimentos importados, suponiendo que eso no va a tener impacto sobre el valor de canasta básica.

Y no hay que dormirse.

Nuevos apuntes sobre inflación

De tanto ponernos en analistas del fenómeno inflacionario (aunque sin muchas herramientas científicas a disposición, vale aclarar), empezamos ahora a mirar algunas herramientas posibles de acción.

Para no hacer demasiado larga la cosa, vamos a apuntar ahora a dos herramientas de política fiscal que podrían tener efectos pro y anti inflacionarios. La idea es desmenuzar los posibles efectos que podrían generar o hubieren generado estas medidas.

La primera tiene que ver con la reducción del IVA para productos de la canasta básica.En algún momento hemos tomado partido por la idea de que en un contexto con presiones inflacionarias, reducir IVA sin poder implementar efectivos controles de precio a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización de los productos, alentaría, más que a una reducción de los precios al consumidor, a la recomposición de márgenes en uno o más eslabones de la cadena. Digamos, alguno se quedaría con la diferencia entre el precio anterior (con IVA) y el supuesto precio de equilibrio sin IVA (o con menos IVA). En la góndola el precio no baja, y el estado deja de recaudar. Resultado: transferencia de recursos íntegra desde el Estado a los eslabones de la cadena de producción y comercialización.

Podría haber, sin embargo, algunas ideas de ingeniería impositiva que permitieran, a lo mejor, tener una eficiencia mayor en la consecución del objetivo de bajar precios al consumidor. Pero, de hecho, la medida, aunque no consiguiera una baja de precios inmediata en la góndola, pero permitiendo de algún modo una recomposición de márgenes para la producción y la comercialización, al menos terminaría cumpliendo el objetivo de contener las presiones inflacionarias.

Llegamos a esta conclusión, por supuesto, si aceptamos la influencia de la puja distributiva en el proceso de alza de precios. El productor, el comerciante, recompone márgenes a costa de recaudación fiscal(con efecto no muy relevante, aunque requeriría un ajuste presupuestario), por lo cual por un tiempo dejaría de pensar en la variable del aumento de precios a tales fines. El problema es que la influencia de este fenómeno tendría un alcance corto. No hago juicios sobre la justicia del asunto, intento describir lo que creo que pasaría.

Ahora, no podemos obviar que el IVA cumple una "función social" bastante distinta del motivo por el que fue implementado. Hay que decirlo sin miedo: es un factor fundamental para equilibrar precios entre comercios chicos y supermercados. El supermercado (Coto, etc.) no vende en negro nunca. El comercio chico, con las ventas en negro por las que no paga IVA, equilibra la diferencia de costos que tiene el super (que compra más barato al mayorista o incluso abarca la cadena verticalmente, obtiene financiamiento barato, los costos fijos, por escala, le influyen mucho menos en el precio de lo que vende, etc.).

Por eso, no se puede bajar el IVA sin ser consciente del problema que se compra por ese lado.

El otro tema es el del Impuesto a las Ganancias. Específicamente, lo que se conocía como "tablita de Machinea". No sé si alguien se preocupó por el tema, y no sé si vale la pena hacerlo, pero capaz que algún económetra tiene ganas de buscar correlaciones entre la eliminación de la tablita y el comportamiento de los precios.

Yendo a un análisis más fino (pero de sentido común apenas), podemos decir que se puede atender a distintas hipótesis respecto de la influencia de la eliminación de la tablita en las presiones inflacionarias. Por un lado, el Estado resigna recursos de recaudación, y se pone esa plata en el bolsillo de potenciales consumidores: macroeconómicamente, expansivo, y sumado a otros factores, inflacionario. Ahora, cuánta de esa plata va a consumo efectivamente? Es muy difícil de determinar. Uno puede imaginar, por ejemplo, que varios de los pesos que no se pagaron al fisco terminaron en Punta del Este, o en dólares "fugados" a Uruguay o al colchón. Y, como todos sabemos, la "fuga de capitales" es una política anti-inflacionaria.

Más allá de eso, aunque sus efectos anti-inflacionarios no fueran demasiado importantes, la progresividad de la alícuota de ganancias debería ser reestablecida, por una cuestión de justicia. No sé si la misma tablita, a lo mejor se le podrían corregir algunas distorsiones que generaba. No sé, que se arreglen los técnicos. El problema sería la base de consenso político para llevar a cabo la medida: uno de los que más se opone es la CGT.



.

Inflación y políticas anti-inflacionarias

Muchas vueltas se da sobre el tema.
Por lo pronto, yo llegué a una conclusión de la cual va a ser difícil que me mueva.
Para que haya inflación es condición necesaria (no suficiente) que exista un excedente monetario traducible en demanda de bienes.
Dicho sin pompa: plata en el bolsillo de potenciales compradores.
La fijación de un nivel de precios sería, atento a esta descripción, el resultado (dinámico) de una puja entre los distintos agentes (los que producen, los que comercializan, los que financian, los que compran).
El proceso inflacionario, sobre esta base, sería un aumento continuo y generalizado en el nivel de precios de bienes y servicios, como resultante de la puja por el acondicionamiento de márgenes que les permitan a los distintos actores apropiarse de una mayor cantidad de excedente monetario. Con el resultante, por supuesto, de que algunos ganen y otros pierdan.

La explicación sobre el accionar de grupos económicos formadores de precios, que se aprovechan de mercados de estructura oligopólica no me parece plausible.
No porque estos grupos no puedan ejercer alguna influencia. Incluso ser ejes centrales del proceso, cuando existen. Sino porque su existencia e influencia son teóricamente irrelevantes. Con estructuras oligopólicas o sin ellas, el resultado complejo del funcionamiento del esquema sería más o menos el mismo. Por supuesto, un agente en situación de ejercicio oligopólico tiene una mejor condición para la aporpiación de excedentes. Pero esta sería una forma derivada de un proceso que, tal vez con otras características, existiría igual.

Atento a esta interpretación, queda por concluir fatalmente, que todo intento de estabilización de precios de bienes y servicios, propenderá a la absorción de dichos excedentes monetarios. Asumir esta situación es equivalente a definir la elección de coyunturales ganadores.
La estabilización de precios como freno de un proceso inflacionario acelerado, sin plantearse influir sobre los patrones de acumulación en los que se basa el mismo sistema capitalista, oibliga a asumir que los precios de bienes y servicios se estabilizarán a un nivel más alto en relación al nivel salarial promedio. Porque no hay forma de absorber el excedente monetario traducible en demanda, que se señaló anteriormente, sin ajustar sobre la demanda potencial, o sea sobre los ingresos de los demandantes.

Estoy, como podrá notarse, transitando el terreno de la ortodoxia. Y por tanto desafío a aquellos economistas de esta escuela que se la pasan diciendo que el "impuesto inflacionario" es el más regresivo, y que un contexto con inflación perjudica a las capas sociales más bajas, a que me digan cómo harían para que un proceso de estabilización de precios tradicional no sea más regresivo todavía en cuanto a distribución de ingresos.

-

Carne y energía: el problema es la demanda

La disparada de los precios de la carne en este principio de año volvió a propiciar el debate sobre la regulación de los mercados por parte del Estado y la sustentabilidad de modelos ideados con base en esa premisa.

Es muy difícil condensar en un mismo texto ideas que atañen a mercados disímiles, con características propias, sin caer en el riesgo de la simplificación, y tal vez la falacia. Sin embargo, el intento se relaciona con la necesidad de enmarcar la discusión en el modo en que funcionan los mercados, al menos en sus leyes generales, y la capacidad operativa que las instituciones estatales tienen para intervenirlos.

Ocurre que en los mercados señalados se da una situación más o menos aproximada: los productos (descontados impuestos internos) tienen precio de mercado interno inferior al internacional. Esto significa que los agentes dedicados a la producción reciben precio neto de cargas impositivas menor al que recibirían con una simple desregulación del comercio exterior (sin retenciones, sin permisos de exportación). Esta situación es reconocida generalmente, independientemente de lo que el consumidor pague (en el precio que paga el consumidor intervienen otros factores: en la carne, por ejemplo, el accionar de las cadenas de distribución y comercialización y sus márgenes; en los combustibles los impuestos específicos; en todos los casos, los impuestos indirectos).

En el caso de la carne se da una situación desde hace unos años que se puede esquematizar así: demanda externa fuerte, con buenos precios; demanda interna más fuerte todavía, pero con precios menores (lo cual hace que la demanda tienda a crecer más); intervención estatal para corregir el incentivo a la exportación que genera esta situación (intervención sobre los precios netos cobrados, más restricción de las exportaciones a través del otorgamiento de permisos y obligatoriedad de encajes para los frigoríficos). Es decir, prácticamente se obliga a la cadena de producción a atender priomordialmente el mercado interno.

Ante la demanda que crece, incentivada por los bajos precios relativos, del lado de la oferta se presenta un problema. Reinvertir las utilidades necesarias para hacer crecer la oferta a tono con el aumento de la demanda, implica utilizar por debajo del óptimo los recursos productivos. El costo de oportunidad es alto.

Con la energía la situación es más evidente. Las empresas del sector (o de los varios sectores comprendidos), de capitales internacionales, tienen en general tomada la decisión de cuál será su centro de ganancias. Es decir, aquel lugar del mundo donde, previo ajuste de su contabilidad, las ganancias deberán derivarse, con el fin de maximizarlas. Es, por supuesto, un lugar donde los impuestos sobre las mismas sean menores, las tasas de interés más atractivas, la moneda convertible, el mercado de capitales más atractivo, etc.

Operar, entonces, en un mercado que obliga a la maximización de la reinversión de utilidades para atender una demanda firme, con precios que están por debajo del umbral de restricción del consumo, obliga a las empresas a sustraer recursos que, mediante transferencias, compras intra-empresa, y otros conceptos podrían ser derivados a su centro de ganancias. Trabajan por debajo del óptimo. Alto costo de oportunidad.

Pagar millones en subsidios no corrige definitivamente la situación. El "problema" se genera, no porque los ingresos de las empresas sean inferiores a sus costos (efectuado el pago de subsidios no lo son), sino porque la situación las obliga a reinvertir utilidades, a no poder maximizar ganancias de acuerdo a su política global.

Hecho el diagnóstico sobre el cual podríamos llegar a un acuerdo más o menos general, queda evaluar alternativas para la "solución" de estos problemas. ¿Y cuál es la alternativa más "racional"? Precios al consumidor que restrinjan el consumo. Ajuste sobre la demanda.

Cualquier enfoque que se haga de estos problemas terminan por conducir a una misma conclusión: los argentinos consumimos cantidades que están por encima de la capacidad de optimización de recursos de la cadena de producción. Es decir, el nivel de consumo en el mercado interno no les permite a las empresas del ramo maximizar ganancias.

¿Alguien puede, después de arribar a esta conclusión, sostener que las supuestas soluciones serán beneficiosas para los consumidores (sobre todo los más pobres)?

Aún cuando el esquema actual se vuelva insustentable, la alternativa con la cual compararlo es la de haber hecho esto que aparentemente está ocurriendo ahora, hace 6 años. ¿Con qué beneficio? ¿Que no falte carne, o electricidad? Restringir el consumo es convalidar la escasez, hacer que falte.

O sea, la opción era: ser populista o ser "racional". Como siempre, la decisión es ideológica.

Combatiendo el eufemismo

Escuchamos hablar de recuperar las señales que da el mercado, de márgenes de rentabilidad, de intervenciones que distorsionan la actividad y desincentivan la producción.



Y siempre, aunque la corrección política obligue a la discreción, sabemos que se está hablando de precios.

El tema de la lechería exige que se ponga en claro el asunto. Para que el tambero mejore su rentabilidad tiene que cobrar un precio mejor. A contramano del proceso secular, y en detrimento de la rentabilidad de las usinas, o de los canales de distribución, o de las terminales comerciales minoristas (por no decir supermercados), o (sí señores) del consumidor. Alguien tiene que pagar ese precio mejor para el tambero.



El tema de la ganadería requiere un ejercicio similar. La mejora del precio al productor, o la paga el consignatario, o la paga el frigorífico, o la paga la carnicería, o la paga (otra vez) el consumidor.

El tema energético, otro caso testigo. Para incentivar la exploración (digamos, para obtener gas, o petroleo) hay que pagar un precio mejor al que extrae el producto en bruto. O lo paga la cadena de valor, o (a esta altura es una obviedad) lo paga el consumidor.



El consumidor tiene todos los boletos para que se cargue a su cuenta el aumento, sobre todo cuando la tarea de control de precios se vuelve difícilmente practicable, por las propias características del ámbito en que debería operar.

Se me dirá que la materia prima incide mínimamente en el precio final. Sin embargo, por lo que podríamos llamar puja distributiva, muchas veces el aumento de precio de la materia prima ejerce un efecto multiplicador sobre la variación del precio del terminado a medida que se avanza en la cadena, como reacción de corto plazo. La razón es que todos quieren mantener sus márgenes, o ampliarlos en la misma proporción que el resto de los eslabones.

Aunque también es cierto que el comportamiento de la demanda es el que convalida o no el precio final, y por lo tanto actúa como techo a los márgenes de los eslabones más cercanos al consumidor final. El problema está en que si el piso sube y el techo baja al mismo tiempo, se corre el riesgo de que la pérdida de rentabilidad de las actividades que agregan valor también termine ajustando la demanda, esta vez no en detrimento del consumidor, sino del trabajador (que en abstracto son dos figuras distintas, pero en la práctica son casi siempre lo mismo).


Ahora, más allá de que el mencionado fenómeno multiplicador se produzca o no, con el incremento del precio neto que recibe el productor de la materia prima nos enfrentamos a un cambio en la estructura de precios relativos que, en definitiva, confluye en el nivel del tipo de cambio real.

Entonces, temas como los subsidios a los tamberos, el reparto de la renta en la cadena de valor cárnica, los diferenciales de derechos de exportación, las tarifas de servicios públicos, entre las que se incluyen también los boletos de transporte público, son, junto con muchos otros, temas que afectan a los niveles de rentabilidad general, y de productividad de toda la economía.



No sería conveniente resolverlos por separado, sin ver las implicancias que tienen las modificaciones para todos los sectores.

El Consejo Económico y Social es una herramienta muy interesante en este sentido. El sector que no participe de él perderá una buena oportunidad de conciliar políticas con el resto de los sectores, y corre el riesgo, ciertamente, de quedar aislado en sus reclamos.

DCD: Actualización

No nos olvidamos. Empujando el carro y a los saltos como rengo en tiroteo, no nos olvidamos que de vez en cuando tenemos que refrescar la lista de compras (el corazón de nuestro DCD). Ayer a la nochecita tuvimos un ratito y pudimos: pasaron un poco más de 15 días desde que la habíamos creado, casi 20.

Esta vez la comprita (con sustituciones mínimas de productos por inexistencia) nos hubiese costado 171,50 pesitos. Un aumento porcentual respecto de la lista original de casi 7.5%. Mucho para 20 días, no? El impacto más fuerte lo generan frutas y verduras (esperable debido a la estacionalidad de estos productos?); el otro aumento significativo viene de la carne. No perecederos, higiene y limpieza parecen más o menos tranquilos (en rojo los dos que más crecieron, en azul los dos que más cayeron).

En fin, doble click en la imagen para amargarse... quiero decir para agrandar. Y un mail para mayores datos.


.

Indicador de variación salarial

Para seguir el éxito del camino que iniciara Contradicto con su DCD (o al menos con esa intención) instauramos ahora un indicador que nos sirva de aproximación al problema de la variación salarial.

Para ello tomamos un caso práctico, pero que se rige por patrones de variación identificables en determinados colectivos.

El caso es el de un trabajador registrado, en relación de dependencia bajo convenio colectivo, de la categoría más baja de su convenio, que realiza sus aportes a una obra social que le brinda asistencia sanitaria a través de una empresa de medicina prepaga.

El mecanismo se completa de la siguiente forma: el trabajador y su empleador aportan a la obra social que, con el 100% de dicho aporte, cubre un porcentaje del valor del Plan de la prepaga. El excedente se le factura directamente a nombre del trabajador.

Al inicio del vínculo, en el período de facturación mayo de 2006, el trabajador abonó la factura correspondiente al excedente del costo del Plan respecto de sus aportes, por $51,13.

Para el período correspondiente también a mayo pero del 2009, la facturación por el mismo concepto alcanzó los $52,88.

Es decir una variación de 3,42%.

Como en la factura se imprime el detalle de cómo se llega a ese monto, nos encontramos con que la cuota completa del Plan para mayo 2006 era de $146,55, y para mayo 2009 fue de $285,67. Entonces, llegamos a la conclusión de que el valor del Plan registra un aumento acumulado del 95%.

Esto implica que necesariamente los aportes a la obra social crecieron proporcionalmente más que la cuota del Plan de Salud de la Prepaga.

La conclusión secundaria es entonces, que los salarios de los trabajadores registrados les ganaron cómodamente la carrera a los servicios de salud, en el período detallado.

Así y todo hay que decir que se verifica, en algunos meses, diferencias mucho más importantes en la facturación. Estas se deben principalmente a que el aumento de la cuota de la Prepaga se efectiviza en marzo, mientras que los aumentos salariales por convenio se traducen en aportes con dos meses de diferencia. Es decir, si el convenio nuevo rige desde marzo, ésto se traduce en aportes a la Seguridad Social recién en mayo. Esta característica siempre genera un excedente en favor de la Prepaga, y en detrimento del trabajador, durante unos meses.

Aún así, la facturación, en la comparación interanual nunca mostró diferencias mayores a +65%, lejos del 95% acumulado que registra la cuota del Plan de Salud.

Notas: Tomamos mayo arbitrariamente, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo que no se tratara de un mes en que interfiriera la liquidación del aguinaldo (o SAC).

Los incrementos de haberes registrados pueden sufrir una pequeña distorsión por el incremento del concepto antigüedad.

Las prestaciones del Plan son las mismas. Los cambios que pudieron observarse atañen al carácter administrativo - organizativo del mismo. En la escala de Planes, el Plan en cuestión sigue ocupando al mes de mayo de 2009 el mismo escalafón para el grupo etario del beneficiado que ocupaba en mayo de 2006.

La entrada no intenta ser demostrativa de nada. Es simplemente un detalle, en medio de una situación de extremada complejidad para el análisis, como es el nivel del salario, y la distribución del ingreso.

Cartoneros cumple, Sirinivasa dignifica

Hace pocos días lanzábamos nuestro DCD, herramienta con la que pretendemos realizar un muy sesgado análisis del comportamiento de precios respecto del desarrollo de los hechos políticos en el país.

La receptividad de nuestros lectores fue mucho mejor de lo que esperábamos, pero un comentario dejado por el gran blogger Sirinivasa, guía espirtual virtual de este blog y el mismo que hizo una oferta hostil por el pase de Mariano, sin ir más lejos, caló profundo en nuestras conciencias.

Y no pudimos con nuestro genio: comparamos nuestra canasta básica cartonera cotizada en Coto Digital con dos reconocidas cadenas de la hermana República Oriental: Multiahorro y Tienda Inglesa. Buscamos los mismos productos, en cantidades y presentaciones similares a las que teníamos y las cotizamos del otro lado del río. Como teníamos dos cadenas, en cada caso elegimos el mejor precio de los que ofreció cada cadena.

Hacemos algunas salvedades antes de ofrecer los impresionantes resultados: cuando un producto no viene en el packaging con el que se presenta en Argentina, presentamos el precio unitario en pesos uruguayos por el producto en Uruguay en la penúltima columna y el precio convertido en pesos argentinos Y AFECTADO por el cociente proporcional de cantidades para asimilarlo al producto nacional. Por ejemplo, en Uruguay no pudimos conseguir un desodorante aerosol por 125 gramos. Conseguimos uno de la misma marca pero por 165 gramos (seguramente producto de la mayor amplitud de las axilas orientales) que salía 72 pesos uruguayos con 50 y lo convertimos a pesos argentinos a razón de un tipo de cambio de 6 con 10 pesos uruguayos por nacional, para luego reducir el envase a 125 gramos a través del factor 0.7575.

Tratamos siempre de replicar marcas cuando esto fuera posible. Cuando no pudimos, elegimos el producto uruguayo que manteniendo presentación y cantidad, fuera el más barato, como todo buen cartonero debe hacer, cualquiera sea su posición geográfica respecto de Mar Dulce que nos separa.

Quedamos locos: la misma canasta en el país de Artigas, Benedetti y Francéscoli CUESTA 64% MÁS. Impresionantes diferencias en carnes, harinas (y derivados) y leches (y derivados), que son medulares a la canasta alimenticia de las familias rioplatentes.

Mire la lista con calma y tranquilidad (click para agrandar). Y disfrute no trabajar en Uruguay, donde el salario mínimo es de $U 4.441 desde el pasado febrero (convertible a $ARG 728 comparado con los actuales $ 1200 que Moyano ya quiere retocar).


Y para despedirlo, una pastillita: el lomo de ternera en Uruguay, por kilo, 490 pesos orientales...

Cuánto?...
Tiene calculadora a mano?...
Ya dividió?...
Sí?...
Cuánto?...



Siiiiiiiiiiií... OOOOOOOOOOCHENTA pesitos. Un verdadero enchastro.

Abrazo latinoamericano.

IPC

A través del amigo de la casa Mauri k, llegamos al debate suscitado en el gran blog de Olivera, entre el responsable del blog y el comentarista Ricardo Natalucci, sobre el IPC.

La tecnicidad de los conceptos debatidos excede en mucho lo que podamos decir desde acá.

Sin embargo, nos parece apropiado sacar alguna conclusión lateral, para hacerle honor a la feracidad del aludido debate.

En realidad, vamos a reafirmar lo que veníamos diciendo desde hace un tiempo bastante largo.

No es una casualidad ni un capricho de quienes intentan "desviar la atención" (tal lo expresado en algún comentario) que los debates sobre este asunto, el IPC, adquieran carácter técnico y de difícil abordaje para quien no tiene acceso al "saber" en el cual se inscribe el problema.

El IPC (y, por consecuencia, las discusiones sobre su confección) es un número técnico, que tiene finalidades técnicas, que responde a una metodología de carácter técnico, y que suscita debates técnicos.

Entonces, volvemos a hacer hincapié en la existencia de un sesgo fundacional de los debates en torno a él.

Desde los medios de comunicación (sí, tienen responsabilidades los medios de comunicación, no son entes pasivos) se instaló la base sobre la cual se apoyan todas las discusiones sobre el IPC, y que determinan inexorablemente el destino de las mismas. Y este campo discursivo se constituye en torno a la idea, aceptada como parte del sentido común, de que el IPC tiene que ser una descripción exacta de la "sensación térmica" del bolsillo de cada uno de los consumidores. O más y peor aún, que tiene que satisfacer la mala predisposición psicológica de la que queda rehén un consumidor al que le aumenta sustancialmente el precio de un bien a cuyo consumo le asigna una alta utilidad.

Nos detenemos a explicar este punto mediante un ejemplo autobiográfico. En mi dieta personal es altamente valorada la presencia de cantimpalo. Un aumento subrepticio de un (digamos) 30% en el precio del mismo en el local en que habitualmente lo compro me convierte inmediatamente en un ser irreflexivo incapaz de entender explicaciones acerca de que los precios de la economía en su conjunto se movieron en torno a un coeficiente del 0,4%. "No puede ser", exclamo a los gritos. "Vengo del almacén, de comprar 200 gramos de cantimpalo y me lo cobraron a $18 el medio kilo".

Decíamos, entonces, que el debate público está ganado a priori por Olivera, en tanto el mismo se inscribe sobre un campo discursivo que le da al IPC un carácter y una valoración que nunca tuvo antes, no debería tener, y no podría tener nunca. El elemento decisivo, entonces, es apriorístico y desleal.

Todo esto no va en detrimento de los argumentos de Olivera. Pero sí de la traslación que se hace de los mismos hacia ámbitos que no son los adecuados, y que hacen que un debate se cierre antes aún de haber empezado.

Servicios públicos: el subsidio y el lobby

El motivo remoto

Según la teoría, las cantidades demandadas por los potenciales consumidores de un producto tenderán a aumentar a medida que el precio disminuya, y viceversa.
De modo inverso, las cantidades ofrecidas por los productores tenderán a aumentar si el precio también lo hace.
Así, a partir de la tensión generada entre la demanda y la oferta, las cantidades ofrecida y demandada alcanzan un hipotético punto de equilibrio a determinado precio, si se cumplen las condiciones de mercado denominadas como competencia perfecta.

Sin embargo, existen ciertas restricciones que hacen que la competencia perfecta sea un tanto esquiva en la realidad. La teoría identifica algunos casos, agrupándolos bajo el tendencioso nombre fallas de mercado. Una de estas fallas de mercado es la que se conoce como monopolio natural. Es el caso de aquella actividad en que la oferta sólo puede ser provista por un único actor, sin competencia alguna. El caso paradigmático es el del servicio público (luz, gas, agua). Sería un derroche inmenso de recursos que existieran varias redes de distribución ofrecidas por diversas empresas que compitieran entre sí por los clientes. Del mismo modo que tampoco sería rentable para estas empresas invertir en la red de distribución de energía eléctrica, por ejemplo, teniendo una baja densidad de clientes por kilómetro de red. Por este motivo, fundamentalmente, suele decidirse que exista sólo un proveedor para cada uno de estos servicios.

El vicio en el monopolio natural

Ahora bien, el monopolio natural se caracteriza, entre otras cosas, por propiciarle al único oferente la ventaja de poder colocar cualquier precio. La disminución de las cantidades demandadas nunca será absoluta. De manera que, a cualquier nivel de precio, el producto se seguirá demandando. De este modo, resulta más económicamente eficaz para el oferente, bajar el nivel de inversión y ofertar pocas cantidades a precio exorbitante.

Para evitar esta desviación es que los estados regulan este mercado, en general fijando precios.

La microeconomía en la empresa

La eficiencia de una unidad de producción también tiene una forma de medirse en la teoría.
Las variables que se toman en cuenta son dos tipos de costo: el costo marginal (es decir, lo que le cuesta a la empresa generar una unidad adicional de producto), y el costo medio.
En determinadas cantidades y a determinado precio las curvas que describen ambos costos se intersecan. Ese es el punto de equilibrio que determina que la empresa opera al máximo de eficiencia, es decir, maximizando beneficios, tanto para el productor como para el consumidor.

No me lo va a creer, pero la teoría prevé que el punto de equilibrio que mencionábamos antes, el que vincula oferta y demanda, y éste que vincula costo medio y costo marginal, coinciden. Es decir, el precio y las cantidades de producto ofrecidas que maximizan la eficiencia de la empresa, coinciden con los precios y cantidades demandadas, en funcionamiento óptimo del mercado.

Así es que, en el caso de los monopolios naturales, el Estado debería intervenir en el mercado, fijando precio al nivel de eficiencia, según la teoría (que es el punto en que ambas curvas se cruzan).

Los servicios públicos y los subsidios

En algunos casos, como en Argentina estos años, el Estado decide, para incentivar la actividad económica, fijar los precios por debajo del punto de equilibrio. Y compensar a las empresas con subsidios hasta cubrir el valor del costo medio.

A la contabilidad de la empresa esta situación, aparentemente, le sería neutra. Sin embargo, no es así.

Con un precio neto, pagado por el consumidor, menor al de eficiencia, la demanda del producto se estimula. Es decir, los consumidores, ya que no les sale tan caro en proporción con otros bienes consumir estos servicios, los demandan en mayores cantidades.

Para proveer a esa mayor demanda, la empresa comienza a operar a un nivel en el que el costo marginal le resulta demasiado alto.

Para las cantidades que se encuentran a la izquierda del punto de equilibrio (donde ambas curvas se cruzan), la empresa opera con costo marginal menor al costo medio (lo que le genera un excedente favorable). Para las cantidades que se encuentran a la derecha, el costo marginal es mayor al costo medio (y el excedente es favorable al consumidor).

El lobby energético


En este contexto, y para “cuidar la energía de los argentinos”, varias voces (entre ellas las de ex - ineficientes Secretarios de Energía) se pronuncian a favor de dar mejores “señales de precio” a los fines de mejorar los niveles de inversión en materia energética.

Proponen estos señores que aumenten los precios al consumidor de servicios como la luz, el gas, y también los combustibles, para que, con esas “señales de precio” positivas las empresas se pongan a invertir más. Lógicamente, así, el Estado dejaría de subsidiarlas con sus impuestos, señora (esta es la pata “progresista” del argumento).

Sin embargo, el ajuste que las empresas a través de sus lobbystas reclaman, ¿es por precio? No, es por cantidades. Necesitan que el precio neto al consumidor le sea mayor para que ajuste su consumo. Es decir demande menos, es decir le permita a la empresa operar al nivel de eficiencia que marca la teoría, en el que invertir no le resulte tan caro.

O sea, lo que piden los lobbystas es que se les permita a las empresas destinar una proporción más baja de sus utilidades a la inversión. “Las señales de precio”, entonces, no son para invertir más, sino para invertir menos. Para que la contabilidad de la empresa se vea beneficiada con el registro de actividades tan provechosas para los argentinos como la remesa de utilidades a sus países de origen, por ejemplo, o a algún paraíso fiscal, desde donde se pueda invertir en fondos de inversión que especulan en el mercado hipotecario estadounidense[1] .

[1] esta última línea la escribí hace un año, ¿habrá cambiado la situación?