Ajuste (de tarifas solamente)

De un intercambio con elgrancayman (nuestro lector off-shore) surgen algunas de estas reflexiones.

Una medida para atender el recorte de cierto gasto público superfluo (un ajustecito, focalizado), o al menos para que el mismo crezca menos, sería la actualización de los cuadros tarifarios de los servicios públicos. Acotaríamos, en un principio, a los casos de luz y gas.

Digamos que del alto monto dedicado a los “subsidios cruzados” que habitualmente se mencionan, los que se relacionan con estos servicios son una parte pero no la totalidad de los mismos. Estos subsidios inciden primordial aunque no exclusivamente, en las cuentas que pagan de luz y gas los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el GBA. Primero una aclaración en este punto: no es, como se cree habitualmente que sólo estos vecinos se benefician de los subsidios que mantienen pisadas las tarifas. De hecho, los que se dirigen al mercado mayorista, por ejemplo, tienen incidencia en el precio de la energía (luz, gas) que se consume en todos los distritos del país. El tema es que, por características de la organización de la producción, del transporte y la distribución, y en algunos casos por los impuestos indirectos provinciales que pesan sobre las tarifas, el esquema de subsidios cruzados favorece más a los vecinos de AMBA que a los del resto del país (entre los cuales también hay distintos matices).

La cuestión sería: actualizar los cuadros tarifarios para reducir subsidios. La forma que más me gusta, particularmente, es con una tarifa base subsidiada y, a partir de determinado nivel de consumo, que el valor de la unidad marginal vaya subiendo progresivamente.
Pongámosle en el caso de la luz: hasta 200 KW, el mismo valor por KW actual. Los 100 que van del 200 al 300 un 35% más caros. Los que van del 300 al 400 un 45% más caros. Y así (los valores y las alícuotas son tema de estudio técnico, puse cualquier cosa con el solo fin de ilustrar la idea).

El problema en la implementación de estas decisiones, es de carácter político. Al Gobierno no le gusta demasiado (a ninguno le gustaría) tomar medidas “antipáticas”. Por su parte la oposición ya demostró que está dispuesta a sacarle el máximo jugo a una situación de estas. Cuando se habló de reducir subsidios y aumentar tarifas se denunció “tarifazo” y las iniciativas (deficientes o no) fueron trabadas por simple oportunismo.

El tema es que hay una ventana para arreglarlo políticamente. Se están presentando proyectos en el congreso para armar bicamerales para investigar cualquier cosa (ejem, eso implica muchos contratos de asesores, cosa que no importa tanto como “la saludable idea de que el poder legislativo adquiera protagonismo” –risas-). Deuda externa, deuda pública, INDEC, Fútbol para Todos, alcance legislativo del PEN, etc. Fracasado el "argentinazo", se viene el bicameralazo.

Bueno, podría armarse una bicameral para abordar el tema de los cuadros tarifarios. Entiendo que la oposición preferiría que el costo lo pagara el PEN solo, pero como viene la mano, es posible que todo el costo termine recayendo en quien gobierne en 2011.

Consejo, entonces: medir costo de oportunidad de hacerlo ahora o de dejarlo para más adelante.



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La Pizzería Trucha de Bonatto

Puro servicio. Así es este blog. En base al post anterior y la imposibilidad del comentarista y colega bloguero Fernando Bonatto de agregar fotos en los comentarios, le solicitamos que nos enviara copia de su hiperputeadísima factura de gas.



Ahí está. Click para agrandar y hacer un poco de voyeurismo por la vida de la familia Bonatto. Lectores, comentaristas y acreedores podrán ahora hacer un detallado análisis de sus consumos. Y no faltará quien pregunte si marchan la especial "Bonatto con ananá y jamón".


Nobleza obliga, Fernando, y gracias por invitarme a la pelopincho, pero le tengo que confesar que el agua está como para tomar mate.

Algunas consideraciones sobre el aumento en la tarifa de gas

Inspirados en esta entrada de Conurbano, en la que se hace una reseña bastante completa del asunto, publicamos algunas reflexiones sobre el tema señalado en el título. Lo que sigue es la ampliación de un comentario que dejamos en dicha entrada. Las referencias a "doña Rosa" están vinculadas a la mención que Conurbano hace de esa figura.

Uno de los motivos identificados del aumento de las tarifas domiciliarias es la necesidad de importar gas de Bolivia (cosa que ocurre desde hace ya mucho tiempo) y adicionalmente gas licuado, cosa más reciente, y motivada en el incremento del consumo, producto del crecimiento de la economía de los últimos años.

Lo primero que se nos ocurre es que la necesidad de importar gas para cubrir la demanda interna, no se identifica solamente con un problema de oferta.

Me explico: los "lobbys" que vienen trabajando desde hace bastante para que aumente la tarifa de gas de los consumos domiciliarios, no tenían por objeto solamente permitirle a las empresas tener ingresos "internacionales" (que en parte lo conseguían vía subsidios), sino hacerlas funcionar en el nivel de eficiencia, para lo cual necesitaban un ritmo menor de crecimiento de la demanda.

Dicho en castellano: "doña Rosa consume demasiado gas, y en esas condiciones las empresas no pueden maximizar su eficiencia".

No faltaron inversiones porque invirtieron poco, sino justamente lo contrario: chillaban porque necesitaban reinvertir mucha proporción de sus utilidades para atender la demanda. Y así y todo, no daban abasto.

Más o menos lo tratamos de explicar en este viejo artículo.

En esas condiciones, era lógico que se generaran problemas de abastecimiento de la demanda por la generación de los famosos "cuellos de botella".

El dilema que tenía enfrente el Estado en ese momento era el de en qué sentido intervenir. ¿Para que "doña Rosa" usufructuara los excedentes, e incluso de modo indirecto tuviera pesos en el bolsillo con que acelerar el ritmo de crecimiento del mercado interno? ¿O para que las empresas cerraran sus balances a gusto, y pudieran remitir mayores utilidades a sus accionistas (del interior y del exterior), y no tuvieran que hacer colocaciones de bonos en condiciones menos favorables, por ejemplo?

No hace falta decir cuál fue la opción elegida durante la eternidad de 6 años.

El tema es (y se supo siempre, no se descubrió recientemente) que los subsidios son insostenibles en el largo plazo, sin retoques tarifarios, porque cada vez es necesario subsidiar más, y cada vez hace más falta sacar guita de algún lado para subsidiar. Hace un tiempo, en Artepolítica, discutíamos un artículo de Zaiat en el que se trataba esta cuestión de los subsidios universales, su sustentabilidad y su sentido de justicia.

Para resolver el problema del subsidio creciente y su insustentabilidad se pensó, entonces, en un ajuste tarifario.

En este caso, escalonando por nivel de consumo para cumplir con varios objetivos a la vez: que el aumento recayera sobre una porción relativamente baja de usuarios (creo que estamos entre 15 a 20% de los usuarios conectados a la red en GBA), entre los cuales se encuentran los más acaudalados (porque no todo el que consume mucho es rico, pero la inversa sí es verdadera), y que el enfriamiento de la economía, producto del ajuste de tarifas, recayera sobre los de mayor poder adquisitivo principalmente (por supuesto es lamentable que le toque también a algunos que no son parte de ese grupo).

El tema es que las opciones no eran ni son demasiadas: o se hace un ajuste de tarifas universal (es decir lo pagan todos), o se segmenta por nivel de consumo.

Probablemente, sin modificar del todo el criterio, hubiese sido más aconsejable (como señala Javier en uno de los comentarios al post de Conurbano citado), reemplazar el escalonamiento, por una pendiente cada vez más empinada. Es decir, los primeros 100 m3 de consumo, cobrarlos $0,05, de los 100 a los 200, aumentarlos a 0,10, y así sucesivamente (los números son arbitrarios). E incluso, a riesgo de complejizar demasiado el tema, diferenciar las tarifas geográficamente. Adoptar este mecanismo, seguramente, hubiera requerido de un análisis importante de las variables para ver en cuanto se modificaba el flujo de guita aportado por los usuarios al sistema. El mecanismo elegido, probablemente, haya sido más fácil de cuantificar.

La otra opción, para la cual ya es demasiado tarde, era que las tarifas no hubieran sido tan bajas (un 20% del precio internacional, o menos) durante 6 años. Aunque no hay que perder de vista que si el cuadro tarifario se armaba en relación a los valores internacionales del bien, hubiera implicado un cambio total de modelo económico. Para simplificar, a olvidarse de que el hijo de doña Rosa consiguiera un laburito en la fábrica de molduras, de Gerli.

No había (no hay) mucho más para elegir.

Y, por supuesto, gratis no había ninguna.

Detrás de la Ley de Medios...

Muchos compañeros se preguntan por la suerte de la Ley de medios audiovisuales, después de la derrota del oficialismo en las elecciones del 28 de junio.

Probablemente, el desvío en el foco de atención que estoy proponiendo implique un viraje desde el aspecto cultural, hacia el ámbito de los negocios. Es lo que de alguna manera hacemos siempre los que seguimos pensando que la relación de propiedad con los medios de producción es lo que define al menos los posicionamientos desde donde cada actor afronta los conflictos sociales.

Desde hace un tiempo vengo observando (con más vocación de curiosidad que capacidad analítica ni conocimiento exhaustivo de la materia) un conjunto de movimientos llamativos en torno al despliegue de fuerzas que varios grupos económicos de diverso origen vienen llevando a cabo para posicionarse en el campo del nuevo negocio que se abre: el triple play.

Sobre este particular, recomiendo enfáticamente la visita al blog de Carlos Blanco, donde se puede encontrar entradas muy interesantes sobre este tema, algunas con detalles técnicos que exceden la capacidad de comprensión de un aficionado, probablemente, pero que dan una idea cabal de la diversidad de conflictos que se establecen en torno al asunto, algunos de los cuales requieren de verdaderos trabajos de ingeniería para destrabarlos.

Señalo algunos puntos, de todos modos, que me parece importante resaltar:

-Fibertel había obtenido permiso para operar como proveedora de telefonía. La numeración asignada por la SECOM a través de la Resolución 146 era exigua. Crítica utilizó esta situación para chicanear a Kirchner, como si se le estuviera haciendo al Grupo Clarín una concesión importante.

Dos detalles: para poder operar Fibertel debía utilizar la infraestructura de las telefónicas, tenía que arreglar con ellas las condiciones. Por otro lado, ciertas deficiencias legales y técnicas, exponían al Estado a la posibilidad de recibir juicios en contra, por no cumplir con la propia reglamentación, vigente desde el 2000 para otras realidades, pero nunca modificada. Allí residía probalemente el mayor interés en cumplir con el otorgamiento de la numeración a Fibertel.

Paralelamente se realizaba la apertura del pliego para proveedores de TV por cable, para incorporar a bajo costo, nuevos jugadores en el sistema.

Finalmente, el otorgamiento de numeración a Fibertel fue suspendido a instancias de los reclamos de las telefónicas, al menos hasta tanto se "aclare" la situación accionaria de la empresa (?).

-Otro momento en que se ve la cantidad de cuestiones que están en juego, es el de las telefónicas negociando la posibilidad de acceder como mayoristas al servicio de TV por cable, a pesar de que por contrato de privatización tienen vedada tal posibilidad. El COMFER estudia esa instancia como salida alternativa, ante el reclamo de las telefónicas, en el que incluyen las tarifas bajas que están cobrando en relación a las de otros países.

Es decir, las tarifas telefónicas pisadas, es prenda de negociación para el ingreso de Telefónica y Telecom al triple play, para lo cual sólo les falta poder operar como proveedoras de TV por cable. Hacerlo como mayoristas significaría que podrían alquilar su soporte a empresas que provean directamente el servicio al usuario final.

Al mismo tiempo, todavía no están resueltos dos problemas: el futuro de las acciones de Telecom (comprada Telecom Italia por Telefónica de España a nivel mundial, en Argentina constituiría monopolio) y la fusión Multicanal-Cablevisión, que opera de hecho pero sin dictamen final.

Los conflictos de intereses son múltiples, en torno a este asunto, como se puede observar, y a eso le asignan prioridad, incluso, los mismos grupos económicos aludidos por la nueva Ley de Medios.

Es que sin el negocio no les es tan fácil librar la "batalla cultural" por la apropiación de sentido.

Imagen tomada de aquí.

Servicios públicos: el subsidio y el lobby

El motivo remoto

Según la teoría, las cantidades demandadas por los potenciales consumidores de un producto tenderán a aumentar a medida que el precio disminuya, y viceversa.
De modo inverso, las cantidades ofrecidas por los productores tenderán a aumentar si el precio también lo hace.
Así, a partir de la tensión generada entre la demanda y la oferta, las cantidades ofrecida y demandada alcanzan un hipotético punto de equilibrio a determinado precio, si se cumplen las condiciones de mercado denominadas como competencia perfecta.

Sin embargo, existen ciertas restricciones que hacen que la competencia perfecta sea un tanto esquiva en la realidad. La teoría identifica algunos casos, agrupándolos bajo el tendencioso nombre fallas de mercado. Una de estas fallas de mercado es la que se conoce como monopolio natural. Es el caso de aquella actividad en que la oferta sólo puede ser provista por un único actor, sin competencia alguna. El caso paradigmático es el del servicio público (luz, gas, agua). Sería un derroche inmenso de recursos que existieran varias redes de distribución ofrecidas por diversas empresas que compitieran entre sí por los clientes. Del mismo modo que tampoco sería rentable para estas empresas invertir en la red de distribución de energía eléctrica, por ejemplo, teniendo una baja densidad de clientes por kilómetro de red. Por este motivo, fundamentalmente, suele decidirse que exista sólo un proveedor para cada uno de estos servicios.

El vicio en el monopolio natural

Ahora bien, el monopolio natural se caracteriza, entre otras cosas, por propiciarle al único oferente la ventaja de poder colocar cualquier precio. La disminución de las cantidades demandadas nunca será absoluta. De manera que, a cualquier nivel de precio, el producto se seguirá demandando. De este modo, resulta más económicamente eficaz para el oferente, bajar el nivel de inversión y ofertar pocas cantidades a precio exorbitante.

Para evitar esta desviación es que los estados regulan este mercado, en general fijando precios.

La microeconomía en la empresa

La eficiencia de una unidad de producción también tiene una forma de medirse en la teoría.
Las variables que se toman en cuenta son dos tipos de costo: el costo marginal (es decir, lo que le cuesta a la empresa generar una unidad adicional de producto), y el costo medio.
En determinadas cantidades y a determinado precio las curvas que describen ambos costos se intersecan. Ese es el punto de equilibrio que determina que la empresa opera al máximo de eficiencia, es decir, maximizando beneficios, tanto para el productor como para el consumidor.

No me lo va a creer, pero la teoría prevé que el punto de equilibrio que mencionábamos antes, el que vincula oferta y demanda, y éste que vincula costo medio y costo marginal, coinciden. Es decir, el precio y las cantidades de producto ofrecidas que maximizan la eficiencia de la empresa, coinciden con los precios y cantidades demandadas, en funcionamiento óptimo del mercado.

Así es que, en el caso de los monopolios naturales, el Estado debería intervenir en el mercado, fijando precio al nivel de eficiencia, según la teoría (que es el punto en que ambas curvas se cruzan).

Los servicios públicos y los subsidios

En algunos casos, como en Argentina estos años, el Estado decide, para incentivar la actividad económica, fijar los precios por debajo del punto de equilibrio. Y compensar a las empresas con subsidios hasta cubrir el valor del costo medio.

A la contabilidad de la empresa esta situación, aparentemente, le sería neutra. Sin embargo, no es así.

Con un precio neto, pagado por el consumidor, menor al de eficiencia, la demanda del producto se estimula. Es decir, los consumidores, ya que no les sale tan caro en proporción con otros bienes consumir estos servicios, los demandan en mayores cantidades.

Para proveer a esa mayor demanda, la empresa comienza a operar a un nivel en el que el costo marginal le resulta demasiado alto.

Para las cantidades que se encuentran a la izquierda del punto de equilibrio (donde ambas curvas se cruzan), la empresa opera con costo marginal menor al costo medio (lo que le genera un excedente favorable). Para las cantidades que se encuentran a la derecha, el costo marginal es mayor al costo medio (y el excedente es favorable al consumidor).

El lobby energético


En este contexto, y para “cuidar la energía de los argentinos”, varias voces (entre ellas las de ex - ineficientes Secretarios de Energía) se pronuncian a favor de dar mejores “señales de precio” a los fines de mejorar los niveles de inversión en materia energética.

Proponen estos señores que aumenten los precios al consumidor de servicios como la luz, el gas, y también los combustibles, para que, con esas “señales de precio” positivas las empresas se pongan a invertir más. Lógicamente, así, el Estado dejaría de subsidiarlas con sus impuestos, señora (esta es la pata “progresista” del argumento).

Sin embargo, el ajuste que las empresas a través de sus lobbystas reclaman, ¿es por precio? No, es por cantidades. Necesitan que el precio neto al consumidor le sea mayor para que ajuste su consumo. Es decir demande menos, es decir le permita a la empresa operar al nivel de eficiencia que marca la teoría, en el que invertir no le resulte tan caro.

O sea, lo que piden los lobbystas es que se les permita a las empresas destinar una proporción más baja de sus utilidades a la inversión. “Las señales de precio”, entonces, no son para invertir más, sino para invertir menos. Para que la contabilidad de la empresa se vea beneficiada con el registro de actividades tan provechosas para los argentinos como la remesa de utilidades a sus países de origen, por ejemplo, o a algún paraíso fiscal, desde donde se pueda invertir en fondos de inversión que especulan en el mercado hipotecario estadounidense[1] .

[1] esta última línea la escribí hace un año, ¿habrá cambiado la situación?