Minería

No es intención discutir sobre los pormenores de la actividad minera. Sino sobre algunas ideas que se vierten abiertamente sobre la misma en los medios de comunicación, en las discusiones cotidianas, en los comentarios al pasar.


Es hora de que la palabra minería deje de tener la connotación negativa que arbitrariamente se le otorgó en estos años.

Porque promover la actividad minera pareciera ser, según un sentido común construido, incurrir en un delito. Dudar acerca de que la minería sea, en términos absolutos, una actividad nociva para el planeta y la humanidad es, según ese mismo sentido común, la velada defensa de algún oscuro interés.

Ese es el trasfondo semántico que subyace a cualquier discusión sobre el tema. Inevitablemente, las mismas culminan al tiempo que empiezan: la sola mención de intereses mineros actúa como decisiva en el diferendo.

Esto es, sin dudas, un prejuicio. Aún cuando sea verdad en la conclusión, pido, al menos que se nos dé el “beneficio” de articular dicha conclusión con algún silogismo, con alguna argumentación. O sea, el que quiera expresar esas sentencias que cumpla al menos con la cordialidad de demostrar que sus lapidarias afirmaciones son válidas.

Podríamos pasar así a un nivel superior en la discusión.

Y podríamos, por ejemplo, ver qué pasa cuando desde un programa de televisión una persona cualquiera habla de la minería como si se tratara del mismísimo demonio, sin reparar en que casi todo lo que lo rodea en ese preciso instante es producto de esa actividad diabólica. Cuantificar, en definitiva, qué grado de “atraso” estaríamos en condiciones de tolerar en caso de que quisiéramos hacer las cosas tal y como las pide esa ONG intachable y de financiamiento tan claro como es Greenpeace (che, los del fondo, no se rían).

Digo, al menos podríamos tener la deferencia de distinguir la obtención de silicio de la de oro, qué se yo, para ir entrando en tema, por lo menos.

O podríamos conversar acerca de por qué representantes políticos de una ciudad como la de Buenos Aires, que genera una contaminación varias veces más dañina para con el medio ambiente que la que provoca la minería misma, ponen tanto énfasis en criticar la actividad minera.

O por qué desde una ciudad que en el más suave de los casos alberga una población altamente consumidora de productos mineros se “exporta” esta preocupación medio ambiental hacia zonas apenas productoras (y no muy beneficiadas históricamente). Porque las cajas de seguridad de los bancos de la CABA, tan rebosantes en joyas de oro y exceptuadas de cualquier declaración para el pago de impuestos, son propiedad, en general, de vecinos porteños. Sin embargo, sus representantes prefieren mostrarse preocupados por los efectos nocivos de la minería a cielo abierto para producir…sí, sí, oro. Cuando en realidad deberíamos hacer el reconocimiento de que la cadena productiva y de consumo tiene dos puntas, y que no se puede afectar a una sin tocar a la otra.

La escena de un diputado porteño progre “acusando” al gobernador de San Juan de permitir la explotación minera se parece mucho (pero mucho) a la del funcionario de cancillería yanqui para el hemisferio sur (“progre”?) que para perseguir el flagelo de la droga promueve la fumigación de los campos cocaleros bolivianos.

Tal vez, cuando hayamos llegado a un consenso básico sobre alguno de estos puntos, nos pongamos a hablar del tema principal, que es el impositivo.