Cuentito Sudaca

Había una vez una empresa petrolera californiana, Occidental Petroleum Corporation (conocida como Oxy) que firmó un contrato de explotación petrolera con el Estado ecuatoriano.

Uno de esos contratos gigantescos y aburridos en los que cada una de las cláusulas pasa por el tamiz de decenas de abogados, especialistas y comisionados y que, por su magnitud, suelen ser largos y multimillonarios.

Entre sus cláusulas figura una cuya presencia es, además de obvia, importante: si el capital accionario de la firma contratante cambiara de manos, sea parcial o totalmente, esto debe ser anticipado formalmente al Estado ecuatoriano, quien se reserva el derecho de aceptarlo. El no cumplimiento de esta premisa es causal de lo que se denomina “caducidad del contrato”.  Obvia cláusula porque el Estado ecuatoriano, como cualquier otro, conoce y determina con quién contrató y decide si continúa el contrato cuando aparece un nuevo socio, no sea cosa de quedar pegado, por ejemplo, a convertirse en socio del cártel de Sinaloa, sin siquiera derecho a pataleo.

No sólo este detalle. Otro más: cuando uno contrata con un Estado no sólo adopta como reglas las cláusulas y términos del contrato propiamente dicho sino también todo el andamiaje legal y administrativo de ese Estado. También una obviedad, pero te evita que si a alguien de la petrolera se le ocurriera coimear a cualquier tercero, es obvio que el Estado ecuatoriano no puede quedar “pegado” a esa decisión “táctica” pero ilegal. Esto, aún cuando el contrato celebrado entre empresa y Estado no mencione, por ejemplo, ni una vez la palabra coima.

Lo cierto es que alrededor del año 2000 Oxy, ya en ejecución del contrato con Ecuador, cedió parte de su paquete accionario a una petrolera canadiense, sin denunciar el hecho y por lo tanto incumpliendo el contrato. Y la ley.

Allá por el 2004, antes de que “se viniera el zurdaje y la dictadura de Correa” a Ecuador, su antecesor puso en marcha los procesos y herramientas legales previstos frente al incumplimiento de Oxy, cuya consecuencia natural debía ser la caducidad. Cosa que ocurrió en mayo de 2006.

El contrato estaba, en plena ola neoliberal ecuatoriana, misteriosamente bastante bien escrito (en defensa del patrimonio ecuatoriano quiero decir) y preveía que, ante conflicto de intereses, Oxy tenía habilitada la vía de resarcimiento internacional.

EXCEPTO en casos relativos a CADUCIDAD. Sí, leyó bien.

Oxy decide, después de la caducidad, presentar batalla. Y denuncia al Estado ecuatoriano. 

Lo denuncia ante el más maravilloso, genial y moderno instrumento de dominación jamás diseñado por la mente neoliberal y casi-humana: nuestro conocido Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, el CIADI.

A pesar de la oposición del gobierno ecuatoriano que, por lo antedicho, no le reconocía jurisdicción al organismo internacional y, por este mismo motivo, no proveyó al especialista que le correspondía para componer el tribunal de tres árbitros (uno por Oxy, uno por Ecuador y uno "neutral", permítame la gracia a esta hora), el CIADI no dudó en conformar tribunal con dos árbitros “neutral”, uno en representación de Ecuador que falló en disidencia, perdiendo 2 a 1 Ecuador una batalla que nunca avaló. 

En su sentencia definitiva el tribunal resolvió,

·         Reconocer que Oxy violó la ley ecuatoriana

·         Reconocer que Oxy violó el contrato entre las partes

·         Reconocer que la ley ecuatoriana y el contrato le permiten al Estado ecuatoriano actuar de la manera que actuó,

·         Peeeeero… argumentar una pena y resarcimiento desproporcionadas al desacuerdo (aún cuando era lo que la ley y el contrato preveían).

CIADI, basado en esta supuesta desproporción, inventa (taxativamente INVENTA, vale mencionar que no es una entidad jurídica de jueces sino comercial de ejecutivos) una “culpa compartida” en la que el Estado ecuatoriano ostenta el 75% de responsabilidad y Oxy el 25%, de manera tal que CIADI intima al Estado ecuatoriano a pagar las tres cuartas partes de la inversión de Oxy en Ecuador, unos mil setecientos millones de dólares.

Así, el CIADI, esa entelequia memorable y genial, de la que Julio Verne no dio cuenta en ninguna de sus novelas, sin jurisdicción sobre la causa y sin que se le mueva un músculo de la cara, desde el pasado 30 de junio le reclama a Correa el monto, intereses y costas de un juicio descaradamente trucho.

Y, como imaginan, cipayos, cipayos hay en todos lados. 

Pero los latinoamericanos son los mejores.

Moraleja:

Argentina ya no puede hacer como Brasil, México y Cuba, que NUNCA reconocieron al CIADI.

Pero puede hacer como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que RENUNCIARON a él.

Y sin demora, teniendo en mente que se acerca el bicentenario de nuestra independencia. Independencia dije.

Colorín colorado, este cuentito sudaca se ha terminado.

A no dormir.