domingo, 22 de junio de 2014

Cada lechón en su teta


De entre las noticias que venimos leyendo en los últimos días, las referidas a la decisión de la Corte Suprema de Justicia norteamericana respecto del litigio del Estado Argentino con los fondos buitre, una que no deja de asombrarnos.

Nos referimos a un detalle que se ha convertido, incluso, entitular de diarios: que el juez Griesa prohibiría a la Argentina modificar la sede de pago de los próximos vencimientos con los acreedores que aceptaron los canjes 2005 y 2010.

Y decimos que es esperable que medios de comunicación que son representantes inequívocos de los sectores financieros en litigio, o de sectores opositores mediáticos acérrimos, que desde hace más de un lustro tienen por único placer dar testimonio de cualquier pequeño detalle o gran suceso que debilite el proceso nacional y popular que se inició en 2003, o de opositores políticos que cuando tienen un micrófono cerca sólo piensan en sacar una pequeña ventajita personal o partidaria, siempre efímera y siempre pírrica. 

Pero nos asombra, decíamos, toda vez que también vemos tal titular hecho noticia en medios en los que suponíamos un cierto grado de racionalidad y análisis crítico de lo que el poder vuelca en sus redacciones.

A los papeles:
-En primer lugar, el hecho más relevante en el fallo del juez de primera instancia neoyorquino Griesa es desconocer de manera tajante la validez de las reestructuraciones de deuda del año 2005 y subsecuente de 2010. Al fallar que se le debe pagar a los fondos buitres la deuda emergente de bonos existentes en 2002, más costas, intereses y penalidades, lo que su señoría está haciendo es lisa y llanamente DESCONOCER las reestructuraciones posteriores.

-En segundo lugar, y como bien desarrolló Zaiat en esta columna en Página/12, la interpretación de la cláusula pari passu hecha por el juez y convalidada por el tribunal de alzada es arbitraria y absolutamente discutible (aunque, por supuesto, ya está registrada en un fallo).

-No sólo eso, en tercer lugar, con su fallo Griesa ingresa las deudas soberanas en el fuero comercial de la justicia, es decir que trata dicha deuda como un mero contrato comercial, soslayando el hecho de que uno de los firmantes del contrato (que toma la forma de un bono) es el Tesoro de un Estado.

Hechas estas tres consideraciones, sometidos a litigio papeles de deuda anteriores a la re-estructuración de 2005, que son los que Singer y sus amigos hicieron valer, nos hacemos la siguiente preguntita: qué nivel de autoridad y jurisdicción tiene su señoría para dar órdenes, dictar decisiones y regulaciones sobre, por ejemplo, la sede de pago de los “contratos comerciales” creados tras la re-estructuración de 2005, que son los mismos que su fallo desconoce y, por lo tanto, claramente no son los contratos en litigio en su tribunal?

Griesa puede y de hecho se ve que va a decir cualquier tontería sobre los bonos restructurados con una mayoría aplastante de acreedores defaulteados. Lo hace porque CLARAMENTE, la existencia y funcionamiento de dichos contratos afecta de manera adversa su propio fallo.

Pero debe quedar más que claro que Griesa no tiene ningún poder sobre esos “contratos comerciales”, y eso incluye “no permitir” el cambio de sede de pago. Puede marcarle al Bank of New York líneas directrices y hasta amenazas, pero los bonos reestructurados son un contrato entre el Estado Argentino y los acreedores que no litigaron.

No nos gustan las teorías conspirativas, pero la suma de detalles que se vienen acumulando en las últimas semanas dotan a todo el conjunto de un tufillo extraño: Griesa dictando donde no debe, comentarios destemplados y poco ecuánimes en el fallo de la Cámara de Apelaciones (siendo el más resonante el que nos tilda de defaulteadores seriales), la diligencia de la Corte Suprema evitando la llegada a diciembre de la causa (cuando caía la cláusula RUFO) y la naturaleza misma de la cosa juzgada.

No es deseable alentar comportamientos negativos, pero algunas veces lo razonable, lo que llama a vecinos y prójimos a la reflexión, lo que gatilla el debate es la decisión efectista y destemplada. Eso, sumado a la vieja máxima de que de los laberintos se sale por arriba, con creatividad en inteligencia, pueden ser las claves de la hora.

viernes, 20 de junio de 2014

"disminuir a NYC como centro financiero mundial..."



Como para no quedarse con la rigurosa y objetiva opinión de los econochantas vernáculos, que primero diseñan un sistema de salvataje y fuga de divisas para nuestras aristocracias y 10 años después apuntan con el dedito al único gobierno que propugnó un camino inverso al endeudamiento en décadas (sí, @fedesturze, a vos te hablo), se ofrece a continuación una traducción propia de la totalidad del editorial publicado ayer por el New York Times.

No compartimos muchas de las opiniones vertidas a continuación. Pero su publicación sirve para tener una idea de lo disruptiva y políticamente sesgada que ha resultado la decisión de la Corte Suprema. Léalo con calma, y para mayor comprensión, trate de ponerse por un segundo en los pantalones de los carpinteros y plomeros norteamericanos, que es a quienes está destinado este periódico.

Los juicios difíciles, se ha dicho siempre, crean leyes erróneas.

Es lo que pasó esta semana. La Corte Suprema de Estados Unidos, ignorando los pedidos de los gobiernos de numerosos países incluyendo el propio Estados Unidos, puso al mundo de reestructuración de deuda soberana de cabeza.

Y al hacerlo, la corte seguramente dañó el status de Nueva York como capital del mundo financiero. Hizo bastante improbable que países con problemas genuinos de deuda puedan reestructurar sus deudas. E incrementó el poder de los inversores –muchas veces, aunque no siempre, fondos de cobertura que compraron bonos desestimados con enormes descuentos sobre el valor nominal- para arbitrar sobre reestructuraciones necesarias.

El caso se refirió a una apelación de Argentina, un país al que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos llamó, con amplias razones “un deudor recalcitrante único”. Es un país que ha hecho del default un hábito nacional en los últimos dos siglos, gatillando la pregunta de por qué alguien le sigue prestando.

Los próximos 10 días se pondrá el foco de atención en si Argentina tendrá éxito desafiando las cortes norteamericanas. El 30 de junio hay un pago de intereses programados sobre un conjunto de bonos argentinos que su gobierno quiere pagar. Pero las cortes dicen que no puede a menos que pague todo lo que debe en bonos defaulteados hace años, algo que Argentina dice que no puede ni va a hacer.

El plan de Argentina es convertir bonos sobre los que quiere pagar en nuevos bonos que no sean sujeto de legislación de la jurisdicción Nueva York.

Pero el destino de Argentina, o de sus acreedores, es lo que hace este caso importante, y quizás desastroso.
Para entender por qué, considere la forma en que los defaults soberanos y las reestructuraciones han sido gerenciadas en el pasado.

No hay equivalente a la ley de quiebra para deudores soberanos. Cuando Walter Wriston, el líder de Citibank entre 1967 y 1984 dijo “los países no quiebran”, fue interpretado significando que los países no se funden y por lo tanto no defaultean sus deudas. Pero no era eso lo que dijo.

No hay procedimiento legal para resolver las deudas de países en quiebra. No hay corte que apruebe un plan de reestructuración que barrerá algunas deudas y convertirá otras en capital, como sí lo hay para empresas.

En su lugar, ha habido un sistema algo dificultoso denominado “altamente laborioso” por Anna Gelpern profesora de derecho internacional en Georgetown. Los países en dificultades negocian con sus prestadores, antiguamente bancos y más recientemente bonistas, para reestructurar deudas. Esas reestructuraciones podrían significar reducir el monto debido, reducir la tasa de interés, extender la duración de la deuda o alguna combinación de esas tres ideas.

El FMI quedaría involucrado, aportando fondos de emergencia sujetos a reformas gubernamentales necesarias para poner al país en un camino financieramente sustentable en el futuro. Se supone que el dinero del FMI, similar a los préstamos a firmas en convocatoria de acreedores tipo “financiamiento sindicado” ranquea superior a las deudas previas.

Los bonistas pueden, y de hecho lo hacen, mantenerse fuera de la restructuración. Pero enfrentan el riesgo de que quienes acuerdan reciban pagos, mientras que ellos no reciben nada.

A veces, si hubiese un pequeño número de holdouts, el gobierno podría elegir pagarles para evitar problemas futuros. En caso opuesto, los holdouts pueden ir a la justicia. Qué jurisdicción depende de las cláusulas de los bonos. Si fuese en las cortes del país que tomó la deuda, los acreedores están en peligrosa desventaja. Pero si fuera en Nueva York los holdouts podrían normalmente obtener una orden directa del país para que pague.

El truco está en que el fallo de la justicia es usualmente inaplicable. Los países tienen inmunidad soberana sobre muchos de sus activos externos. Un país en default podría tener una embajada o una propiedad valiosa en Washington, pero queda fuera de aquellos límites.

En el caso argentino, los fondos que enjuiciaron al país han tratado, mayoritariamente en vano, de encontrar activos que se puedan retener. Trataron con éxito temporal de tener control sobre un barco argentino en Ghana, pero fue liberado.

Fue, dice la Sra. Gelpern, un “sistema informal que funcionó razonablemente bien y que ha permitido a la mayoría de los gobiernos reestructurar sus bonos a un costo más o menos razonable.”

Ahora cambió, al menos para países que emiten bonos bajo la ley de Nueva York.

La mano de los buitres ha sido reforzada enormemente. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos Segundo Circuito, los hold-outs no pueden ser cotizados peor que aquellos que los hold-in, e incluso pueden lograr mejores términos. La Corte Suprema norteamericana ha declinado una apelación de tales fallos.

Si ese fallo puede ser exigido, puede no haber forma de reestructurar deuda soberana.

Y puede ser forzado su cumplimiento? Quizás sí.

La corte dice que el Bank of New York, agente pagador de los bonos, estaría en falta si le paga a hold-ins sin pagarle también a hold-outs. Y la corte quiere extender el criterio alrededor del planeta. Euroclear, una firma con sede en Bélgica, dice que la ley requeriría transmitir cualquier pago que un cliente ordene. Pero la justicia norteamericana dice a Euroclear que no se debe hacer eso para Argentina.

La Sra. Gelpern dice que “ahora los proveedores de servicios al mercado financiero son también agentes de cumplimiento de deuda soberana”.

Es por lo menos posible que la opinión del Segundo Circuito pudiese, en el futuro, ser usada para restringir al FMI de cualquier posición prioritaria sobre holdouts en cualquier reestructuración que ocurra.

El gobierno norteamericano le ha dicho a las instancias inferiores que esto crearía un enorme problema. Podría llevar a que los países elijan la ley inglesa en lugar de la ley de Nueva York, y de esta manera disminuir el rol de Nueva York como centro financiero mundial. Eso, dice el gobierno, podría tener un efecto detrimental en el rol sistémico del dólar norteamericano.

El fallo, agrega el gobierno, “habilitaría a un acreedor individual minoritario a bloquear la implementación de un plan de reestructuración soportado internacionalmente y por lo tanto minaría décadas de esfuerzo norteamericano dedicadas a alentar un sistema cooperativo de resolución de crisis internacionales de deuda.”

La opinión del Segundo Circuito, en boca del juez Barrington Parker, barrió tales conjeturas, sugiriendo que Argentina ha sido un deudor singularmente malo y diciendo que su cumplimiento haría de Nueva York una sede más atractiva para prestadores. Y, agregó, la mayor parte de los bonos internacionales emitidos durante la última década tienen “cláusulas de acción colectiva” que permiten que una mayoría de bonistas fuerce a los holdouts a aceptar una reestructuración, sugiriendo que el problema ya ha sido solucionando.
Países como Brasil, Francia y México le han dicho a la Corte Suprema que eso es ridículo. Primero, hay todavía montañas de bonos sin tales cláusulas. Segundo, las cláusulas de acción colectiva operan emisión por emisión. De manera que puede ser posible para holdouts comprar cantidades suficientes de una emisión para bloquear una reestructuración completa apoyada por una mayoría aplastante de acreedores.

Y entonces qué ocurriría? En un despacho sometido a la Corte Suprema, Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y ex jefe de economistas del Banco Mundial, da una visión: “Sin posibilidades de reestructurar, los gobiernos que defaulteén quedarán permanentemente aislados del mercado internacional de deuda, con consecuencias adversas en el desarrollo económico y de crecimiento”

Qué pensó la Corte Suprema de esos argumentos? Evidentemente no mucho. Declinó escuchar la apelación argentina e incluso pedir opinión al gobierno de Estados Unidos.

La corte decidió un caso relacionado, pero menos importante. Esa decisión hará más fácil para los buitres forzar a Argentina a revelar información en activos que poseé en el mundo, en esperanza de encontrar los vulnerables.

Es difícil mostrar simpatía por Argentina, que eligió forzar un plan de reestructuración brutal años después de defaultear, cuando pudo haber sido más generoso. Pero es probable que esta decisión lastime países cuyos problemas financieros son mucho más serios. Llevará a que muchos de ellos traten de escapar de un sistema legal norteamericano que parece comprometido con el equivalente siglo 21 a una prisión para países deudores que sufren un desmanejo financiero opresivo.


No es la visión del juez Parker. “Creemos, dijo, que el interés en mantener el status de Nueva York como uno de los centros financieros –ampliamente compartido en la comunidad financiera- está sentada en requerir a los deudores, incluso los extranjeros, de que paguen las deudas”.


jueves, 5 de junio de 2014

De Moncloa a Olivos



El pasado 11 de mayo la periodista española Ana Pastor le hacía un reportaje en vivo al patriarca del establishment político español, Felipe González.

En el contexto de vísperas de elecciones al Congreso Europeo (con fecha dos semanas más tarde), que no tienen efecto administrativo nominal pero que funcionan como una muestra insoslayable del humor social en los países miembro del Mercado Común, las perspectivas para los dos partidos históricamente mayoritarios de España, el de derecha Partido Popular (PP) y el de izquierda Socialista Obrero (PSOE) eran realmente lúgubres.

Y la pregunta no hacía más que confirmar un rumor que gana fuerza en los corrillos políticos peninsulares desde fines de 2013 y fue finalmente publicado en letras de molde por el diario online InfoLibre: los sectores económicos y financieros más concentrados de España, representados en el índice bursátil IBEX35 y los mediáticos más poderosos (desde el filo-PSOE Grupo Prisa hasta el ultraderechista COPE) así como representantes de ambos partidos, del gobierno y de la Casa Real, se estaría pensando en una gran operación política que de lugar a una coalición bipartidista que frene el fenomenal drenaje de votos que efectivamente han escurrido hacia otras representaciones, de ellas el más beneficiado el innovador frente de indignados, denominado Podemos, con un interesante y jugoso tercer puesto el 25 de mayo.

La respuesta de Felipe González, 14 años al frente del ejecutivo español, 23 años secretario general de su partido, miembro del directorio y lobista de una vieja conocida en nuestro país, Gas Natural, donde gana unos 160 mil dólares por año, fue: “si el país lo necesita, lo deben hacer”

De esta manera empieza a sellarse con sangre del establishment peninsular un pacto que hasta el momento sólo quedaba a la vista en la similitud de políticas que aplicaban ambas administraciones sucediéndose, encarnación de la hegemonía neoliberal que cubre Europa.

Para rematar la pared que ofrecía Felipe González, una de las figuras en ascenso más vertiginoso (hasta unas desgraciadas declaraciones machistas que pusieron en alerta a todo el progresismo europeo), Miguel Arias Cañete la mandó a la red un par de semanas más tarde: “yo no lo descarto si el interés general lo exige en un futuro”.

Esta versión española del Pacto de Olivos emerge como el instrumento más contundente que los factores de poder españoles tienen pensado desplegar para seguir aplicando sus recetas de ajuste interminable, recesión sistemática y destrucción de empleo.

Esas son las habas que se cuecen en la cocina del poder cuando la sociedad empieza a darse cuenta que a pesar del cambio de intérpretes, el guión sigue siendo escrito en la bóveda de un banco. La pregunta de siempre es cuánta sangre más está dispuesta a entregar la sociedad española en estas circunstancias y cuánto más empujará los límites el 1%, tan acostumbrado a no tener nunca un no por respuesta.