Genocidio Económico

Uno.
Con la cárcel de Martínez de Hoz comienza en el país un nuevo ciclo en el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura Procesista. Hasta aquí se vino avanzando, si bien con demoras demasiado prolongadas, en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el brazo militar responsable del golpe. Se ha juzgado a los autores materiales del atropello institucional y, a partir de anulación de las leyes de impunidad, se está juzgando a la jauría sedienta de sangre y muerte que se vio liberada del bozal y la correa para llevar adelante la práctica de tierra arrasada a partir del fatídico 24 de marzo de 1976.

Pero, como en los crímenes de características policiales, lo cierto es que queda por evaluar si dicho proceso contra autores materiales encuentra su correlato en el campo de la autoría intelectual. Esa que no tenía necesidad de ensuciarse las manos.
Aquí la cuestión adopta ribetes complejos. En primer lugar un principio insoslayable del derecho indica que las leyes no tienen efecto retroactivo, motivo por el cual debemos remitirnos al cuerpo legal existente al momento de los delitos. Esto pone a los autores intelectuales de la destrucción del incipiente tejido productivo creado al amparo de las ISI (peronismo, luego desarrollismo y luego nuevamente peronismo) del lado seguro: el acusador (el Estado actual) debe demostrar la intención dolosa de determinados actos de gobierno durante la dictadura con un cuerpo probatorio poco robusto.

En segundo lugar rige el principio de prescripción en el tiempo: salvo los delitos de lesa humanidad, el resto se diluye con el paso del tiempo. Es otro principio que vuelve a poner del lado seguro a los delincuentes, en especial cuando cuentan también con la complicidad de poderes políticos elegidos democráticamente que poco y nada pretenden hacer en pos de auditar el verdadero peso de la herencia recibida.
Es por estas y otras causas que el proceso que enfrenta Martínez de Hoz se corresponde con la desaparición forzada de personas: hijo de su propia codicia, tampoco este prestigioso pro-hombre de la oligarquía vacuna, dudó en manchar su ropa con sangre. Y casi con certeza pagará, tarde pero seguro, por esos crímenes.
No parece que otros “doctores en pobreza y estafa” como Guillermo Walter Klein, Juan y Roberto Alemann, Domingo Cavallo y el extinto pudiesen enfrentar el mismo destino. Triste paradoja del destino judicial.

Dos
Durante los momentos más álgidos del pasado verano, con la discusión sobre el pago con reservas del Banco Central de los bonos que cancelan durante este año, nuestra izquierda de museo sacó a relucir una raída y maltrecha bandera de la década del 80, tan vieja y olvidada que ya tenía gusto a rancio: proponían, en boca de Pino Solanas y Claudio Lozano, analizar su legitimidad como paso previo a repudiar aquella parte ilegítima. Una payasada inoperante esa de ir a decirle a agentes que compraron bonos en el 2003 que eran hijos de sucesivas reprogramaciones de pagos que tenían su origen en el Plan Brady que a su vez era la conversión de deuda contraída con bancos internacionales que a su vez habían logrado que Cavallo la estatizara hace nada más que 28 años. Nuestra izquierda tiene esas costumbres.

Tres.
Este blog ha pensado en juntar las dos ideas medulares de las problemática citada para tratar de convertir una payasada y un malabar judicial en una función de circo sino estruendosa, por lo menos eficaz a la hora de arrancar algún aplauso.
Para ello les propone a los representantes de la izquierda idealista y pura:
por qué no presentan un proyectito de ley en el que se deslinde de manera meridiana y definitiva al Estado y a cualquier gobierno elegido democráticamente de saldar deuda contraída por un gobierno defacto, ilegítimo y no elegido como lo indica la Constitución Nacional?

Por supuesto que no creemos que se den las condiciones para que Argentina vuelva a vivir una situación como esa (nuestros dedos cruzados y tocándonos un testículo casi nos impiden continuar escribiendo). Pero lo cierto es que si algo así volviese a ocurrir y teniendo en cuenta que el mecanismo de endeudamiento público es la manera más utilizada por nuestro establishment para legitimar su fuga de divisas, hoy estaríamos igual de desnudos que el 10 de diciembre de 1983: sin la posibilidad de repudiar deuda odiosa y obligados a pagar hasta el último pesito.

De manera que una ley de tal carácter sería una inequívoca señal para quienes pretendan convertirse en acreedores de un gobierno con el pagaré fácil. Les estaríamos diciendo “vas a cobrar mientras haya gobierno defacto”. Y en ese proyecto incluir responsabilidades penales imprescriptibles a quienes, de este lado del mostrador, le ofrezcan el culo a la jeringa.

Para Pino y Claudio, desde este humilde blog y con toda la onda. Ahí los apoyaremos.



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