IPC no es Costo de Vida

Existen algunos mitos y concepciones, que en su masividad y permanencia a lo largo del tiempo, tienden a convertirse en verdades irrefutables. Muchos de esos argumentos permanecen porque son, generalmente, funcionales al orden establecido. Y si bien existen muchos, nos interesa en esta oportunidad mencionar una de esas verdades reveladas que, percutidas de manera sistemática por la prensa hegemónica, le hacen mucho daño a la comprensión pública de una problemática.

Hablamos de la recurrente tendencia de pseudo-periodistas monopólicos, devaluados gurúes del establishment, supuestos empresarios serios a, con total naturalidad, asignarle al dato mensual del IPC que publica el INDEC el valor de variación en el “Costo de Vida”. Aprovechando una sutil confusión, un solapamiento conceptual, los altavoces del poder mediático iteran y reiteran, presentándolo como una grave contradicción a través de la cual buscan descalificar la gestión económica del gobierno.

No sería grave si del otro lado del mostrador observáramos una réplica aclaratoria, sistemática y contundente a esta confusión, una especie de 678 que pusiera cada falsedad estadística en su justo lugar. Pero como el tema arrastra desde su origen estadístico matemático una dosis de complejidad, lo que se escucha de este lado es un silencio que por lo menos suena a consentimiento o, peor, aprobación.

Así que, compañeros, se trata de responder con claridades a esa deliberada confusión: el dato del IPC NO es Costo de Vida. Es Inflación. Son dos cosas distintas. Y vale tener en cuenta esa diferencia: el IPC es un ambicioso índice que busca medir TODOS los precios de los consumos de un hogar. TODOS.

COSTO DE VIDA, sin tener una definición exacta porque no es un índice sino un concepto, se reduce esencialmente a los precios de alimentos y bebidas. Es decir que la diferencia entre IPC y costo de vida es nada menos que la variación de precios de gasto en vivienda (pondera al , indumentaria y calzado, transporte y comunicaciones, gastos para la salud, esparcimiento, educación, equipamiento del hogar y otros.

De manera que cuando Moyano dice que va a utilizar el índice del supermercado para hacer su demanda de aumento salarial, no entra en contradicción. Porque lo que Moyano y sus compañeros compran en el súper son, esencialmente, alimentos y bebidas. Y por eso habla de un 25 a 30 por ciento de aumento: para cubrir a sus representados de lo que aumentarán las cosas en que los trabajadores gastan mayoritariamente su estipendio. Sin embargo este argumento es sistemáticamente presentado por periodistas in-the-pendientes como una flagrante contradicción con el dato de inflación que presenta el gobierno al que Moyano apoya.

Es nuestra responsabilidad, la de los que estamos de este lado y tenemos conciencia del asunto, militar esta aclaración. Sabiendo que nos exponemos a defender la indefendible, por desprolija, intervención del INDEC. Este post no se erige como una defensa irrestricta de la actual gestión del INDEC. Pero claramente no podemos conceder con silencio la payasada de que la inflación ronda el 30%.

Aclaremos entonces que el rubro “Alimentos y Bebidas” ponderan en el IPC por valor del 37.9%. Esto significa, por ejemplo, que si alimentos y bebidas aumentaran en un año el 30% y el resto de los precios de la economía se mantuviera fijo (sólo un ejemplo hipotético, claro), el IPC del período sería del 11.4%.

Y digámoslo claramente, el INDEC no es hoy santo de nuestra devoción, pero las respuestas presentadas por las consultoras supuestamente coaccionadas para abrir al público su metodología de cálculo hacen agua por los cuatro costados. En lugar de escudarse en el derecho a ejercer industria lícita, tienen una excelente oportunidad para mostrar que contratan X encuestadores, que relevan Y negocios y toman nota de Z precios de productos y que el algoritmo que utilizan está aprobado por la Asociación Internacional de Estadísticos Opositores, con sede en Ginebra; pero la verdad, hasta ahora sólo escuchamos zaraza.

El tema reviste una complejidad tal que, aún cuando tomáramos por cierto el dato de estos voceros de la embajadores de la zaraza y concediéramos que la inflación es el doble de lo que dice el gobierno y se ubica en un promedio del 2% mensual, nos preguntamos qué valor tiene acusar ese dato cuando voy un día a comprar acelga y está a 1,50 el kilo y voy al mes siguiente y el mismo verdulero me la quiere cobrar 7 con 40.

En los días venideros reflotaremos nuestra herrumbrada y polvorienta canasta digital cartonera para ponerle algunos números a esta cuestión.




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Diferencias Metodológicas en Trulalá

"Neurus" Salvatore y su equipo de expertos

efectúan el relevamiento mensual

de precios para Buenos Aires City.

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El impuesto inflacionario

Es una vieja idea de la economía, plasmada de distintas formas a lo largo de los años. Utilizado como concepto sirve para evaluar distintos hechos de diferentes períodos históricos.

Por ejemplo, en el Imperio Romano, por necesidades de expansión para obtención de recursos naturales (tierra) la administración necesitaba financiar un ejército fuerte. A los impuestos agobiantes, sumó la acuñación de moneda. Este proceso redundaba en depreciación de la misma, y pérdida del poder de compra. El Estado se financiaba emitiendo moneda, cuyo uso era inflacionario, y en manos de los pobladores, la moneda cada vez valía menos.

Ese ejemplo sencillo sirve para describir cómo funciona en lo ideal un sistema de impuesto inflacionario. Las acciones se dan en diferido. Es decir, con la inflación de hoy, el sistema se está cobrando el gasto público (pagado con emisión) de ayer.

Esta simplificación no sirve de ninguna manera para concluir que eso es lo que pasa hoy en la Argentina. Estamos hablando de cuestiones ideales. Hay algunos elementos que podrían identificarse con esto: por ejemplo, los adelantos transitorios del BCRA, o la conversión en gasto público directamente de la transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro, o más sutilmente, la actuación del BCRA, sin ayuda del Tesoro, para mantener el tipo de cambio (comprar dólares con emisión), lo cual hace que el Tesoro, al no cumplir con metas de ahorro para colaborar en esa compra disponga de recursos para gastar en otros asuntos.

Pero así y todo, hay coincidencia casi generalizada en que existen muchos aspectos más a tener en cuenta a la hora de analizar los por qué de la inflación en Argentina.

Ahora, centrándonos directamente en el carácter del impuesto inflacionario, hay que pensar en la otra pata del asunto. Que es el carácter del gasto público financiado por este impuesto. Quiero decir, si el canal conductor de que la emisión monetaria se transforme en inflación es el gasto público, habría que ver en qué se gasta para saber qué tan regresivo es el impuesto inflacionario. El caso de la asignación por hijo es patente. Si la inflación de hoy está pagando el incremento de gasto promovido por el pago de asignaciones, la ecuación es favorable para los beneficiarios de la asignación. Antes cobraban 0, ahora 180, de los cuales la inflación se morfó 40. Hoy cobran, entonces, el equivalente a 140 (140 más que al inicio del proceso).

Vuelvo a decir, la cosa es más compleja e intervienen muchos factores más. Pero, cambiando el ángulo de la visión podemos concluir que la evaluación de los efectos inflacionarios, como de cualquier fenómeno de la economía, es indivisible de la evaluación sobre los efectos distributivos.

No es fácil, pero tampoco imposible, tal vez, insertar a la inflación en un proceso cuyo saldo distributivo sea positivo.

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Ajuste (de tarifas solamente)

De un intercambio con elgrancayman (nuestro lector off-shore) surgen algunas de estas reflexiones.

Una medida para atender el recorte de cierto gasto público superfluo (un ajustecito, focalizado), o al menos para que el mismo crezca menos, sería la actualización de los cuadros tarifarios de los servicios públicos. Acotaríamos, en un principio, a los casos de luz y gas.

Digamos que del alto monto dedicado a los “subsidios cruzados” que habitualmente se mencionan, los que se relacionan con estos servicios son una parte pero no la totalidad de los mismos. Estos subsidios inciden primordial aunque no exclusivamente, en las cuentas que pagan de luz y gas los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el GBA. Primero una aclaración en este punto: no es, como se cree habitualmente que sólo estos vecinos se benefician de los subsidios que mantienen pisadas las tarifas. De hecho, los que se dirigen al mercado mayorista, por ejemplo, tienen incidencia en el precio de la energía (luz, gas) que se consume en todos los distritos del país. El tema es que, por características de la organización de la producción, del transporte y la distribución, y en algunos casos por los impuestos indirectos provinciales que pesan sobre las tarifas, el esquema de subsidios cruzados favorece más a los vecinos de AMBA que a los del resto del país (entre los cuales también hay distintos matices).

La cuestión sería: actualizar los cuadros tarifarios para reducir subsidios. La forma que más me gusta, particularmente, es con una tarifa base subsidiada y, a partir de determinado nivel de consumo, que el valor de la unidad marginal vaya subiendo progresivamente.
Pongámosle en el caso de la luz: hasta 200 KW, el mismo valor por KW actual. Los 100 que van del 200 al 300 un 35% más caros. Los que van del 300 al 400 un 45% más caros. Y así (los valores y las alícuotas son tema de estudio técnico, puse cualquier cosa con el solo fin de ilustrar la idea).

El problema en la implementación de estas decisiones, es de carácter político. Al Gobierno no le gusta demasiado (a ninguno le gustaría) tomar medidas “antipáticas”. Por su parte la oposición ya demostró que está dispuesta a sacarle el máximo jugo a una situación de estas. Cuando se habló de reducir subsidios y aumentar tarifas se denunció “tarifazo” y las iniciativas (deficientes o no) fueron trabadas por simple oportunismo.

El tema es que hay una ventana para arreglarlo políticamente. Se están presentando proyectos en el congreso para armar bicamerales para investigar cualquier cosa (ejem, eso implica muchos contratos de asesores, cosa que no importa tanto como “la saludable idea de que el poder legislativo adquiera protagonismo” –risas-). Deuda externa, deuda pública, INDEC, Fútbol para Todos, alcance legislativo del PEN, etc. Fracasado el "argentinazo", se viene el bicameralazo.

Bueno, podría armarse una bicameral para abordar el tema de los cuadros tarifarios. Entiendo que la oposición preferiría que el costo lo pagara el PEN solo, pero como viene la mano, es posible que todo el costo termine recayendo en quien gobierne en 2011.

Consejo, entonces: medir costo de oportunidad de hacerlo ahora o de dejarlo para más adelante.



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Matar al enfermo para que no avance la enfermedad

Continuamente escucho, leo y participo de discusiones que remiten a un mismo tema: la inflación, qué hacer con ella, el ajuste y los pobres.

Hay quienes dicen (simultáneamente):

- que la inflación perjudica principalmente a los más pobres. Es muy cierto. Tan cierto que hasta podría decirse que es irrelevante por lo obvio. Del mismo modo, podríamos ampliar para atacar de una vez por todas el meollo del asunto: el modo de producción capitalista perjudica, principal y casi exclusivamente, a los más pobres. De hecho, la pobreza, tal como la conocemos, es una consecuencia de este modo de organización social de la producción.

- que el ajuste es inevitable, que si no se hace ahora habrá que hacerlo en algún momento (tal vez el del próximo gobierno). Leí la metáfora, en líneas del comentarista de AP Walter, en la que equipara a los que desprecian el “ajuste” con un afectado de gangrena que le pide al médico que no utilice los métodos ortodoxos de amputar el miembro. Y que la muerte por septicemia solo se evita amputando, de modo que los médicos no deberían tomar otra decisión que no fuera amputar.

Suponiendo que la inflación acelerada fuera comparable con la terminal de una gangrena en avance, quedaría por ver en qué consiste eso que comparamos con la amputación. Es decir, el ajuste.

Ya lo dijimos varias veces. Ajustar implica necesariamente que los pobres, los tan mencionados pobres, vean limitada la posibilidad de expandir su consumo. Que renuncien al derecho de que se mejoren las transferencias del Estado (servicios de salud o educación, o prestaciones como asignaciones, etc., o construcción de viviendas a través de cooperativas) que reciben, ya insuficientes sin ajuste. Que paguen mayores tarifas (los subsidios no son sólo para las clases medias, los pobres viajan en colectivo también). La “solución” de ese ajuste, desde el punto de vista de los pobres, no es equivalente a la amputación, sino a la muerte. Matemos al gangrenado, antes de que muera por septicemia.

Valdría la pena hacer un esfuerzo intelectual y dejar de lado la mención a los pobres, sobre todo cuando se hace con hipocresía (como cuando Cavallo habla del impuesto inflacionario, por ejemplo). ¿De qué trata la cuestión de enfrentar un mal que aqueja a los pobres, desplegando estrategias que afectan a los pobres al menos en igual proporción?

Vencer la inflación ajustando de esa forma tradicional, no es para evitar el efecto que la inflación causa en los bolsillos de los pobres, sino en los de los ricos. Esa es la función del ajuste tradicional: que el capitalismo haga su trabajo, sin interferencias incómodas, a las que también suele llamárseles “distorsiones” en la jerga.