Agua

Empecemos por decir que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ingresó hace pocos días a la Cámara de Diputados, no ofrece muchos flancos débiles. A esta altura del partido, con un ejército bien entrenado en criticar la gestión gubernamental, desde lo político y lo mediático, cualquier flanco que se ofreciera gratuitamente ya hubiera sido generosamente perforado, buscando explotarlo al máximo y llevando a escala general cualquier pequeño detalle particular.

Pero evidentemente la ley no ofrece el talón de Aquiles a partir del cual apalancar una nueva derrota oficialista. Consistencia, consenso, foros y hasta una primera batalla ganada, la del fútbol televisado.

En consecuencia, la oposición política y, por supuesto, la mediática, utilizan otras herramientas menos genuinas para intentar torcer el curso de los acontecimientos. Porque cuando el enemigo es consitente, la estrategia consiste en embarrar y confundir. Desde este blog queremos aclarar algunos conceptos.

• El primer gran argumento espurio (Chacho Jaroslavsky la sabía lunga), es que el Gobierno intenta afectar la libertad de expresión. Desmitifiquemos: se trata de una ley de medios y no de contenidos. No existe un sólo capítulo o inciso en el que se mencione el tema contenidos, en el que se ponga en peligro la libertad de expresión; no se crea ningún ente o cuerpo que regule el mensaje, más allá de los que ya existen hoy (y a veces brillan por su inoperancia). Nada se regula respecto de contenidos.


• En caso de aprobarse el proyecto, lo que la ley provoca es la necesidad de barajar y dar de nuevo respecto de la concesión y cantidad de medios audiovisuales (la ley no dice una sola palabra sobre diarios y prensa escrita, no es su materia de legislación) que una persona física o jurídica puede mantener. El espectro radioeléctrico actual y su legislación otorgan amplia mayoría y preferencias a la iniciativa privada. La nueva ley obliga a redistribuir la propiedad de medios audiovisuales (radio, televisión e internet) en tres grandes grupos, en partes iguales: el Estado, instituciones del tercer sector y empresas privadas.


• Pero nada se dice sobre las preferencias del televidente, que sigue teniendo la manija del control remoto. Porque lo que se reordena es la oferta, no la demanda. Canal 13 seguirá exisitiendo y seguramente en manos del Grupo Clarín. A las 22 (o en el horario que él decida), Tinelli seguirá divirtiendo a la gente con su Gran Cuñado, con los bloopers o con las cámaras ocultas de Yayo y José María. Eso no peligra, Don José.


• Aparecen sí, nuevas ofertas televisivas y radiales. Algunas administradas y dirigidas por el Estado. Le gusta el Canal Encuentro, Doña Rosa? La felicito. Iniciativas como esa, del Ministerio de Educación, tendrán su lugar en el aire. Y también algunas del denominado tercer sector: radios y canales universitarios en los que se hablará de la inmortalidad del cangrejo, canales religiosos que aburrirán, radios de las ligas de amas de casa que tendrán por separador las sabias palabras de Lita de Lázzari: "camine, señora" y hasta la Federación Agraria podrá tener su propio canal, De Angeli su propio reality y Biolcati su propio espacio político que llamará “No llegan al 2011”. En lugar de helechos, las macetas contendrán soja RR. Pero en todos los casos sabremos quién emite, quién pone la tarasca, quién se la lleva y a qué intereses responde. Todo más claro. No...más clarín no, más claro.


• La oposición mediática, no encontrando resquicios reales donde apalancar el descontento respecto de un tema en apariencia ajeno a la gente, utiliza a la SIP, a ADEPA, a la ATVC (TV por Cable), a la Asociación de Dueños de Grandes Cadenas de Medios del Suroeste de la Provincia del Chubut, a la Liga de Cronistas del Espectáculo de la Ciudad de Perico y a cualquier representación institucional cuya sola mención dispare en el inconsciente colectivo una afectación de la libertad de expresión, tan preciada por todos. Utiliza dije, leyó bien, porque eso es lo que efectivamente se hace. Dado el nivel de concentración de medios audiovisuales actual, las cámaras y asociaciones sectoriales no son otra cosa que meras fachadas institucionales detrás de las que se esconden, con mayor o menor representatividad, los tres o cuatro grandes multimedios nacionales. El resto son el imprescindible y necesario paisaje empresario que les da marco institucional mínimo. Señora, si el Grupo Clarín deja de pagar la cuota social de la Asociación de Televisoras por Cables, la ATVC deja de existir. No hay como pagarle el sueldo al cadete. Es esta preponderancia la que les permite “hacer hablar” a las instituciones. Pero son el chirolita de la fiesta.


• Lo mismo se hace invocando menciones de medios extranjeros. No se equivoque: no se trata de agudos y prestigiosos medios periodísticos que recorren los países con gobiernos zurditos investigando y buscando la verdad y peleando por la libertad en incansable esfuerzo. El 95% de los que hablan afuera son los que se verán directamente afectados por el contenido de la ley en sus intereses en Argentina. Si aparece una nota sobre el tema en el diario El País, de España, es altamente probable que lo haya escrito Magdalena Ruiz Guiñazú: trabaja en Radio Continental que, oh sorpresa, es de los mismos dueños. Si la crítica viene del diario Miami Herald, tan prestigioso él, es como si hablara en Argentina la firma Imagen Satelital que llena horas y horas del cable que sus hijos miran y cuyas acciones son del grupo venezolano Cisneros.


• Si quiere puedo seguir. Pero también puede leer una voz diferente, la del Relator de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue: Clarín y La Nación se empeñaron en su destrucción mediática.


• Las licencias, contrariamente a lo que se sugiere por ahí, duran 10 años con opción a otros diez ad referendum de los resultados de una audiencia pública. Es falso que duren dos años (o, lo que es lo mismo, que sean revisadas cada dos). Esta mentira es parte de esa estrategia en búsqueda de la confusión artificial. Los cambios tecnológicos ocurren con tanta velocidad y espontaneidad en nuestra realidad que, si apareciera un nuevo medio de difusión o un medio existente cambiara su arquitectura de manera ostensible (piense en su televisor con un teclado tipo compu y a usted sentado enfrente pidiendo un programa o comprando en directo el masajeador califragilístico de Sprayette). Se debe decidir en breve como se re-otorgan esas licencias y son ESAS las revisiones que podrían ocurrir cada dos años. Pero éstas revisiones no afectan derechos adquiridos respecto de las licencias vigentes.


• La composición legislativa actual es tan legítima como la que arranca en funciones el 10 de diciembre. La decisión de discutir la ley ahora es una decisión política aceptable o no. Si a la oposición no le gusta el proyecto, independientemente del éxito o no en su tratamiento en estos meses, no tiene más que converger en un nuevo proyecto modificatorio el 1 de marzo de 2010 y derogar el que surja este año. Organícense, muchachos, que se los ve bastante perdidos. Así es la política.

En serio le gusta Canal Encuentro? A nosotros también. Y felicitamos a Tristán Bauer por ese legado de excelencia que nos deja.

Don José, Doña Rosa, lo que pone nerviosos a los grandes medios es la posibilidad de dejar de ser la voz única y monopólica. Si bien la ley conlleva una caída de ingresos económicos que a ciertos grupos mediáticos no les gusta nada, el factor que más les impacta es la enorme devaluación que sufrirán en la estructura de poder y en la creación de agenda y de opinión que hoy representan. Desde ahí nos hablan: a puro títular negro en Clarín y zócalo capcioso en TN.

Tenga cuidado.

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