América Latina es una patria, pero no una nación

Es habitual referirse a América Latina como la Patria Grande, pero con frecuencia esta idea se identifica con la de una única nación. Negar esta identidad, lejos de ser una distinción artificiosa, puede tener importantes consecuencias en la búsqueda de la unidad del continente.



La necesidad de esa unidad, empecemos por el principio, no se basa en algún imperativo moral o emocional sino en la exigencia de obtener la plena independencia de nuestros países, que han vivido bajo una u otra forma de dominación imperial por más de quinientos años. No seremos plenamente libres si no nos unimos, pero para unirnos es necesario saber cómo.



Patria es un concepto a la vez definido y difuso. Indica una comunidad cultural y rasgos sociales compartidos. Nación, en cambio, tiene un sentido histórico preciso: las naciones comienzan su existencia cuando el desarrollo económico adquiere a la vez dimensiones de un mercado más o menos unificado y la aparición de formas capitalistas.



Los países latinoamericanos cumplen estas condiciones, aunque mutiladas de la dimensión de soberanía completa por la dominación imperial. Su conformación como naciones ha respondido, en algunos casos, a acciones y presiones de potencias dominantes, pero en general se ha basado principalmente en condiciones y desarrollos internos.



Para comprobarlo, tenemos que detenernos ligeramente en el examen de nuestra historia.
América Latina nace de la conquista española y portuguesa. Como pueblo, no somos aborígenes ni europeos, sino mestizos. Destruidas o sometidas y dispersas las viejas formas de organización aborígenes, nuestra estructuración geográfico-política se forjó en el marco de las administraciones coloniales durante los tres siglos largos de dominación española y portuguesa.



La inmensidad de los territorios conquistados y la precariedad de los transportes impusieron a esa dominación la división administrativa de los territorios conquistados. Allí está el primer germen de la aparición de las naciones. La América española fue en principio dividida en dos grandes virreinatos (México y Perú), pero una cantidad de gobernaciones, audiencias y capitanías generales tuvieron con los virreyes una relación de dependencia casi exclusivamente nominal. Por ejemplo, el Alto Perú (la actual Bolivia) dependía del virreinato peruano, pero gradualmente se conformó una unidad real con la gobernación de Buenos Aires, por los imperativos del transporte de las riquezas mineras obtenidas mediante una durísima explotación de los aborígenes y la necesidad de aprovechar las actividades agrícolas y artesanales para proveer a las necesidades de la región minera.



La dinastía borbónica encaró en la segunda mitad del siglo XVIII un reordenamiento general de esa estructura algo caótica. Así se constituyeron nuevos virreinatos, ya no como un simple escalón intermedio entre la corona y sus súbditos, sino con una coherencia interna derivada de su estructura económica y social. Así surgió en 1776 el virreinato del Río de la Plata, que dio expresión formal a esa unidad de la minería altoperuana con las actividades económicas del actual territorio argentino y con el puerto de Buenos Aires.



En 1783, surgió en España un plan mucho más ambicioso. El conde de Aranda, ministro del rey, participó en las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Volvió a España convencido de la necesidad de poner en marcha una política que se adelantara a lo que consideró inevitable: que la América española también se independizara. Su proyecto era la división del continente en tres reinos independientes, pero vinculados estrechamente a España por tratados y con príncipes de la familia real hispana como monarcas. La metrópolis conservaría sólo a Cuba y Santo Domingo bajo su dominio directo. Sin embargo, la visión estratégica de los ministros españoles chocaba con el atraso de la España del siglo XVIII y especialmente de su maquinaria administrativa. El plan de Aranda quedó olvidado.



La prolongada guerra de la Independencia terminó de definir el mapa político latinoamericano, particularmente con la división del virreinato del Río de la Plata, del que se separó ya en 1811 el Paraguay, un país fuertemente autocentrado, y más tarde el Alto Perú, donde la clase dominante local, temerosa de un levantamiento aborigen, apoyó a los ejércitos realistas hasta el final de la guerra, rompiéndose así la unidad económica que había sido base del virreinato. La posterior separación del actual Uruguay atravesó un proceso más complejo, donde intervinieron la invasión portuguesa, luego rechazada y la diplomacia británica, ansiosa de evitar que las dos márgenes del Plata estuvieran bajo una misma soberanía. La burguesía comercial de Buenos Aires fue un factor importante para ese resultado, pues Montevideo es un puerto muy superior al porteño y su permanencia en manos argentinas hubiera constituido una peligrosa competencia.



Hacia 1830, el mapa político estaba casi definitivamente establecido. Las guerras y reajustes territoriales siguientes (que sólo terminaron con el fin de la guerra del Chaco a mediados de los años 1930) no alteraron el sistema de Estados formado con la guerra de la Independencia.



Hubo, por lo tanto, en nuestros países 170 años de desarrollo nacional separado, definiendo así rasgos nacionales claramente diferenciados.



Queda en el tintero por qué la América portuguesa no se dividió, aunque hubo varios intentos secesionistas durante el siglo XIX, especialmente en el Nordeste y en Río Grande del Sur.



Reconocer este hecho no puede ser motivo de ignorar la necesidad de la unidad latinoamericana. Pero sí exige aceptar que esa unidad sólo será posible con respeto a las particularidades nacionales y lingüísticas y la adopción de formas federativas que aseguren la adecuada autonomía de cada nación integrante de la unidad.

La música de Rubén Blades, como homenaje a los desaparecidos de nuestra América morena.