Democratizar la "autoridad de aplicación"

Es una de las frases que más suena en relación con el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.

Y, es cierto, es altamente deseable que la entidad que se ocupe del cumplimiento de lo dictado por la ley sea democrática. De hecho, el proyecto plantea un gran avance respecto de la actual situación, en que el COMFER es dirigido por un interventor designado directamente por el Poder Ejecutivo.

Pero no es lo prioritario, como algunos quieren que todo el mundo crea.

Lo fundamental es que la "autoridad de aplicación" se organice de manera tal que pueda ser efectiva, que sirva a los fines para los que es creada. Que sea autoridad (sí muchachos, los conglomerados de medios no deben ser tratados con criterios psicopedagógicos pensados para permitir el mejor desarrollo de chicos de cinco años), y que pueda aplicar la ley.

Su democratización no debe contradecir este principio fundamental e innegociable.

No sirve de nada una entidad "autárquica y ampliamente democrática", si sus procedimientos son fuertemente burocráticos, sus estructuras escleróticas y su margen de acción es limitado, o (lo que más probablemente podría pasar en este caso) la fuerzas que la compongan se anulen entre sí o sean neutralizadas por acciones externas al organismo.

Entonces, no hay que cambiar el eje: democratizar, sí, perfecto. Pero no a fuerza de burocratizar y/o debilitar.

Primero resguardar el margen de maniobra y la operatividad del ente, y solo bajo esa condición, sí, que su organización sea lo más democrática posible.